El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar un proceso de oficio contra el juez en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado. La decisión surge tras la difusión de una serie de mensajes de texto que exponen un presunto esquema de cobro de coimas en el departamento de San Pedro. Este caso vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad del sistema de justicia en el interior del país y la facilidad con la que se transan resoluciones al margen de la ley.
La base del enjuiciamiento radica en las conversaciones filtradas entre el magistrado y la abogada Ilsa Paredes. En estos intercambios, que fueron extraídos del teléfono celular de la profesional en el marco de otra causa, se detalla la negociación de sumas de dinero que presuntamente tenían como destino el despacho del juez Mercado. El caso adquiere una gravedad institucional significativa, no solo por la naturaleza de los diálogos, sino por la aparente naturalidad con la que se coordinaban los encuentros y los pagos.
Los detalles de la negociación y el silencio fiscal
De acuerdo con los elementos recabados, la abogada Paredes —quien actualmente enfrenta un proceso penal por una supuesta estafa de USD 1.600.000 en perjuicio de colonos menonitas— habría enviado mensajes al juez Mercado confirmando la recepción de un cheque de USD 15.000. En otra de las comunicaciones, la profesional le manifestó al magistrado que un cliente tenía urgencia por concretar una entrega de dinero.
La respuesta atribuida al juez Mercado, lejos de la solemnidad y la distancia ética que exige su cargo, denota una preocupante complicidad:
Dale, voy, ¿no hay cámara o qué, Xrai?
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro del JEM, Manuel Ramírez Candia, calificó la situación como “muy grave”. El alto funcionario argumentó que los indicios recolectados hasta el momento configuran una sospecha razonable de la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado. Por este motivo, el pleno del Jurado resolvió solicitar a la Corte Suprema de Justicia la inmediata suspensión preventiva del magistrado en sus funciones.
Las implicancias de un sistema bajo sospecha
La gravedad de este episodio no se agota en la conducta individual del juez Mercado. El caso desnuda, una vez más, la lentitud de los órganos de control penal. Durante la sesión del JEM se constató que, a pesar de la notoriedad de los chats y la contundencia de las transcripciones, el Ministerio Público aún no ha formulado una imputación formal contra el magistrado. Ante esta inacción, el Jurado urgió formalmente a la Fiscalía a iniciar la investigación penal correspondiente.
Es necesario señalar que el juez Mercado tenía bajo su análisis la regulación de honorarios profesionales de la abogada Paredes en un juicio sucesorio. Aunque los mensajes filtrados no hacen alusión explícita a un expediente caratulado, la coincidencia temporal y el tenor de las conversaciones debilitan cualquier presunción de inocencia administrativa. La remoción definitiva del juez, sin embargo, quedará supeditada al resultado de un eventual proceso penal ordinario, según las reglas vigentes.
Este escenario nos obliga a reflexionar sobre la calidad de la justicia que se imparte fuera de la capital. La descentralización judicial, concebida para acercar las garantías constitucionales a los ciudadanos, a menudo termina convertida en feudos donde las decisiones se tasan en dólares. La intervención del JEM es un paso necesario, pero la verdadera depuración del sistema requiere que la Fiscalía actúe con la misma celeridad con la que se pactan las coimas en los chats de mensajería.