El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta un problema estructural que golpea directamente su sostenibilidad financiera y la calidad de sus servicios: la morosidad patronal. Unas 25.400 empresas activas, que representan el 33,4% de las 76.000 registradas en la institución, mantienen deudas por un valor estimado de US$ 600 millones. El dato desnuda la fragilidad del sistema de control y plantea una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar la atención médica y las jubilaciones si un tercio de las empresas activas no transfiere los aportes retenidos a sus trabajadores?
La gerente de Prestaciones del IPS, Gladys Vera, detalló que la deuda patronal total asciende a unos US$ 970 millones, una cifra que arrastra obligaciones acumuladas tanto de empresas activas como inactivas desde la fundación de la previsional. Al tratarse de recursos destinados a la seguridad social, estas obligaciones no prescriben, lo que obliga a la institución a buscar mecanismos de recuperación de manera permanente.
Estrategias de cobro y la opción de la tercerización
Para intentar reducir este millonario saldo pendiente, la previsional recurre actualmente a llamadas telefónicas, notificaciones por mensajería y la emisión de títulos de deuda. En los últimos dos años, el IPS emitió aproximadamente 600 títulos de deuda para canalizar los reclamos por la vía jurídica.
“Estamos haciendo un trabajo de cobranzas a través de call center, de llamadas, de notificaciones por mensajería”, explicó Gladys Vera en declaraciones a la radio Universo 970 AM y el canal GEN.
Sin embargo, la gestión interna parece no dar abasto ante el volumen de la mora. Ante este escenario, la administración del IPS analiza alternativas más agresivas. Entre ellas destaca la posibilidad de tercerizar el servicio de cobranzas, una propuesta que se encuentra bajo rigurosa revisión jurídica para determinar su viabilidad legal. Asimismo, se baraja la opción de facilitar el financiamiento de las deudas patronales a través de alianzas con entidades bancarias del sector privado.
El perfil del moroso y la especulación con la cobertura
De acuerdo con el análisis de la previsional, el perfil mayoritario de las firmas en mora corresponde a medianas empresas, concentradas principalmente en el sector comercial. La dinámica de pago revela un comportamiento especulativo por parte de varias patronales, que aprovechan los plazos de tolerancia del sistema para bicicletear sus obligaciones financieras.
“Hay empresas que cada dos o tres meses se ponen al día”, señaló Vera.
Esta conducta está directamente relacionada con el periodo de gracia de 60 días que el IPS otorga para mantener la cobertura médica de los trabajadores. Al amparo de este plazo, algunas empresas postergan el pago de los aportes y solo se regularizan cuando el acceso a la salud de sus empleados está a punto de ser suspendido, generando un flujo de caja inestable para la previsional.
Cruces de datos para combatir la subdeclaración
Más allá de la mora, el otro frente de batalla del IPS es la evasión mediante la subdeclaración de ingresos. Para detectar estas irregularidades, la institución realiza cruces mensuales de datos con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El objetivo es identificar discrepancias entre las planillas de empleados declarados y los salarios reales informados al fisco.
Vera destacó que la vieja práctica patronal de declarar a los trabajadores con el salario mínimo, a pesar de que perciben remuneraciones superiores, disminuyó de forma considerable. Según la funcionaria, este cambio de comportamiento responde a la reciente reforma que amplió la cantidad de años utilizados para calcular el promedio de la jubilación, lo que incentiva a los propios empleados a exigir que se declare su salario real para no afectar su futuro retiro.
La efectividad de las medidas de regularización, como la reciente exoneración de recargos por mora que venció el pasado 22 de septiembre, demuestra que existen herramientas para incentivar el cumplimiento voluntario. No obstante, la persistencia de una mora de US$ 600 millones en el sector activo evidencia que el IPS requiere reformas de fondo en sus mecanismos de control y sanción si pretende asegurar su viabilidad financiera a largo plazo.