La defensa del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para el ejercicio 2027 expuso una vez más la histórica tensión entre la asignación de recursos públicos y la contraprestación real que la academia devuelve a la sociedad. Ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), la rectora Zully Vera presentó un requerimiento de G. 1,8 billones (aproximadamente US$ 287,86 millones). Sin embargo, la audiencia del jueves no fue un mero trámite de cifras; se convirtió en un severo examen legislativo que cuestionó la eficiencia del gasto, la falta de innovación tecnológica y la respuesta institucional ante graves denuncias de acoso sexual.
La discusión de fondo no es si la educación superior necesita financiamiento —un consenso básico en cualquier plan de desarrollo—, sino cómo se distribuyen y rinden esos fondos. El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 contempla una torta global de G. 2,5 billones (unos US$ 387 millones) para las universidades nacionales. Que la UNA absorba el 72% de estos recursos mientras las otras nueve universidades del interior deben repartirse el saldo restante de US$ 105 millones enciende alarmas justificadas sobre la equidad territorial de nuestra educación pública.
Estructuras duplicadas y el vacío en investigación aplicada
El senador Líder Amarilla puso el dedo en la llaga al advertir sobre la existencia de filiales con recursos dispersos y ofertas académicas redundantes. El legislador señaló casos extremos de sedes que albergan “carreras que tienen apenas dos alumnos” y oficinas públicas que compiten entre sí en una misma localidad, duplicando innecesariamente costos de infraestructura y plantel docente. Esta atomización del gasto conspira directamente contra la calidad: en lugar de consolidar centros de excelencia regional, el presupuesto se diluye en sostener estructuras burocráticas y edilicias ineficientes.
Esta falta de enfoque se traduce también en una preocupante desconexión con los sectores productivos del país. Los senadores Líder Amarilla y José Oviedo reclamaron la ausencia de aportes científicos concretos de la UNA en áreas estratégicas. Es difícil justificar que, en un país de fuerte base agropecuaria, la principal universidad estatal no lidere de forma contundente el desarrollo propio de semillas o la transferencia tecnológica avanzada. La crítica se extendió a la incapacidad de preparar profesionales para industrias de vanguardia, como los semiconductores o la computación cuántica. Ante esto, la respuesta de la rectora se limitó a mencionar programas de posgrado de la Facultad Politécnica con el Conacyt, pero sin precisar plazos, metas ni montos de inversión requeridos.
Cuentas pendientes: Arancel Cero y salarios en Clínicas
La opacidad en la gestión financiera interna también fue blanco de cuestionamientos. La senadora Esperanza Martínez reclamó de forma directa la falta de datos precisos sobre el déficit real del programa “Arancel Cero” y la ejecución del plan de caja de la institución, consultas que quedaron sin una respuesta técnica clara por parte de la delegación universitaria. El libre acceso a la universidad es una conquista social que debe blindarse con números reales, no con incertidumbre presupuestaria.
Por su parte, el senador Oviedo trasladó el debate al ámbito de la salud y el control administrativo, citando presuntas irregularidades en el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. El legislador denunció la existencia de salarios que rondan los G. 50 millones en paralelo a una preocupante falta de fiscalización sobre las inasistencias de los profesionales médicos. Estas asimetrías salariales y la debilidad en los controles internos lesionan la credibilidad de una institución que debe ser ejemplo de ética pública.
La urgencia de una postura firme contra el acoso
El momento más tenso de la audiencia se vivió cuando las senadoras Esperanza Martínez y Celeste Amarilla interpelaron a las autoridades universitarias sobre los casos de acoso sexual y el uso no consentido de imágenes de mujeres dentro de los recintos de la UNA. La rectora Zully Vera confirmó que existen denuncias formalizadas ante la Fiscalía y procesos de verificación en curso en las facultades de Ingeniería (FIUNA), Politécnica y Arquitectura, Diseño y Arte (FADA). Sin embargo, admitió no contar en ese momento con el número exacto de docentes e implicados bajo investigación.
La promesa de la UNA de implementar un protocolo unificado contra el acoso resulta tardía frente a la gravedad de los hechos denunciados. Como bien exigió la senadora Martínez, la ciudadanía y la comunidad académica no esperan más burocracia declarativa, sino sanciones ejemplares que garanticen que las aulas no sean espacios de impunidad.
La discusión del PGN 2027 deja una lección clara para la UNA: el prestigio histórico y la autonomía universitaria no son cheques en blanco. La sociedad paraguaya realiza un esfuerzo enorme para sostener la educación pública y tiene el derecho de exigir rigurosidad en el gasto, pertinencia científica y, por sobre todo, un ambiente seguro y transparente para sus estudiantes.