La Cámara de Diputados tiene previsto debatir la próxima semana una iniciativa legislativa que busca eliminar los cuellos de botella burocráticos y facilitar el desembolso de indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. El proyecto apunta a saldar una deuda histórica del Estado paraguayo con las personas que sufrieron persecuciones, torturas y severas violaciones de derechos humanos durante el régimen de autoritarismo militar comprendido entre 1954 y 1989.
El problema de fondo no es nuevo: a pesar del marco legal existente para resarcir a las víctimas de la represión stronista, los procesos administrativos y la falta de liquidez o de gestión oportuna en las transferencias presupuestarias han dejado a numerosos beneficiarios a la espera de cobrar lo que por ley les corresponde. Para muchos de los afectados, personas de avanzada edad que llevan décadas reclamando justicia formal y material, el tiempo juega en contra.
Un compromiso institucional pendiente
La relevancia de esta iniciativa radica en que intenta poner fin a una contradicción recurrente en la administración pública: la aprobación de leyes indemnizatorias que luego quedan atascadas en la burocracia financiera. En términos de reparación histórica, el reconocimiento del daño sufrido pierde su sentido efectivizador cuando las resoluciones no se traducen en el pago concreto a las víctimas o a sus herederos legítimos.
Según datos consignados en la propuesta que ingresará al plenario parlamentario, la intención es simplificar los trámites y garantizar la disponibilidad de los recursos de la Hacienda Pública destinados a este rubro, evitando que los expedientes queden paralizados en revisiones interminables. El debate en la Cámara Baja pondrá a prueba la voluntad política de las distintas bancadas para destrabar un proceso de reparación que acumula años de rezago institucional.