La Corte Suprema de Justicia dispuso una auditoría de reacción inmediata para examinar las actuaciones judiciales previas al feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años. La joven fue asesinada a tiros en Lambaré el pasado 8 de octubre, a pesar de contar con una orden de alejamiento vigente contra su expareja.
La revisión fue solicitada por el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, y quedó a cargo de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional. La orden busca determinar si las dependencias que intervinieron en las denuncias previas cumplieron con los procedimientos legales establecidos para proteger a la víctima.
Las denuncias y el incumplimiento de las medidas
Según los antecedentes informados por la jueza de Paz de J. Augusto Saldívar, Lidia Fariña, la víctima acudió el 17 de septiembre a la Comisaría 32.ª de Posta Ybycuá para denunciar a su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años. Al día siguiente, la Oficina de Atención Permanente dictó medidas de protección urgentes, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y la restricción de todo tipo de contacto.
A pesar de las restricciones, el denunciado continuó con el acoso. Durante una audiencia posterior, Deisy Giménez ratificó los hechos acompañada por su abogada y familiares, oportunidad en la que describió un historial de cinco años de violencia y agresiones. En esa misma comparecencia, Duarte rechazó los cargos y amenazó con querellar a la madre de la víctima por falso testimonio.
Investigación sobre la respuesta institucional
El 7 de octubre, el Juzgado de Paz remitió los antecedentes al Ministerio Público para investigar al sospechoso por desacato y solicitar su detención. Sin embargo, la noche del 8 de octubre, Duarte interceptó a la joven en la vía pública, en el barrio Santa Lucía de Lambaré, y la atacó a balazos, provocándole la muerte.
La Dirección de Auditoría recopilará los expedientes para evaluar el desempeño de los operadores de justicia involucrados. Una vez concluido el informe, los resultados se elevarán al pleno del máximo tribunal para resolver eventuales sanciones o medidas disciplinarias. La Corte no fijó un plazo determinado para la entrega de las conclusiones.