La Cámara de Diputados prevé tratar este martes 13 de octubre un proyecto de ley que propone normar el trabajo remunerado para personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario nacional. La iniciativa plantea establecer que la retribución por la mano de obra en las cárceles no sea inferior al 70% del salario mínimo legal vigente, lo que hoy equivale a más de G. 2.000.000 mensuales según las escalas del ingreso básico en Paraguay.
El debate legislativo pone en el centro de la discusión política y económica las dinámicas de readaptación social y la gestión de la mano de obra en los reclusorios. La propuesta busca formalizar tareas productivas que actualmente se desarrollan de manera informal o bajo esquemas precarios dentro de los penales, fijando un parámetro monetario piso para quienes accedan a estos programas.
Alcances económicos y laborales de la propuesta
El establecimiento de una tasa equivalente al 70% del sueldo mínimo pretende otorgar marco legal a la actividad laboral en el encierro, de modo que los internos generen ingresos utilizables para el sostén de sus familias o la acumulación de fondos personales para su posterior liberación. La fijación de este porcentaje busca equilibrar la naturaleza del trabajo intrapenitenciario con las exigencias del mercado formal.
Desde la perspectiva de la política penitenciaria, la discusión no solo abarca el aspecto monetario, sino también los mecanismos de fiscalización y las condiciones en que el sector privado o el propio Estado contratarán a los reclusos. La asignación presupuestaria y la logística interna de los centros de reclusión constituyen los principales puntos técnicos que deberán evaluar los legisladores durante el análisis del texto en el pleno de la Cámara Baja.