El feminicidio de Deisy Paola Giménez, de 22 años, reabrió el debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección estatal en casos de violencia de género. La joven fue asesinada a pesar de haber formulado denuncias previas contra su agresor y de contar con una orden judicial de alejamiento vigente, un patrón que vuelve a poner en evidencia las fallas en la respuesta de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las víctimas.
Fallas de coordinación e impotencia estatal
Con este caso, la cifra de feminicidios asciende a 20 víctimas en lo que va del año. El hecho evidencia las deficiencias en la articulación entre las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y los organismos de asistencia, cuya falta de coordinación e inacción impiden una intervención oportuna ante situaciones de riesgo ya advertidas.
La existencia de una restricción de acercamiento no fue suficiente para frenar el ataque, lo que genera duros cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para monitorear el cumplimiento de las medidas cautelares y garantizar el auxilio inmediato a las mujeres amenazadas. La reiteración de estos episodios expone la urgencia de revisar los protocolos de seguimiento y la asignación de recursos para la prevención de crímenes machistas en el país.