La Fiscalía presentó acusación formal y solicitó elevar a juicio oral y público la causa contra 12 personas, entre exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), por un presunto esquema de desvío de recursos que generó un perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891. El requerimiento conclusivo, firmado por los fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres, atribuye a los procesados la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
El mecanismo del fraude: expedientes reciclados y cheques múltiples
El escrito presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital detalla una maniobra sistemática ejecutada entre los años 2019 y 2023. Según la investigación, la red operaba mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido en su momento la devolución total de sus aportes jubilatorios.
Los acusados reactivaban la documentación administrativa y simulaban nuevos trámites internos sin la autorización ni el conocimiento de los titulares originales. A través de este circuito se autorizaban órdenes de pago y se emitían cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados. Posteriormente, las órdenes de cobro eran endosadas de manera irregular para que funcionarios y personas ajenas a la institución retiraran los fondos de las entidades bancarias.
Pericia contable identificó 486 cheques irregulares
Los datos consignados en la pericia del Laboratorio Forense del Ministerio Público permitieron reconstruir la escala del daño patrimonial en la entidad previsional. Los peritos identificaron un total de 486 cheques cobrados mediante este esquema, vinculados a los registros de 285 exafiliados.
Entre las inconsistencias detectadas por la representación fiscal se constató la emisión y el cobro de cheques a nombre de personas que ya habían fallecido antes de la liberación de los recursos. La causa pasa ahora a la etapa intermedia, donde el juzgado de garantías deberá resolver si admite la acusación y eleva la causa a la fase de juicio oral.