La Corte Suprema de Justicia disponerá una auditoría sobre las actuaciones judiciales vinculadas al feminicidio de Deisy Paola Giménez, según confirmó el ministro Eugenio Jiménez Rolón. La decisión institucional se toma tras confirmarse que la víctima contaba con una medida de prohibición de acercamiento contra su presunto agresor y que el incumplimiento de dicha restricción ya había sido denunciado formalmente ante un juzgado de la ciudad de Lambaré.
El caso reabre el debate de fondo sobre la efectividad de las medidas de protección vigentes y la respuesta del aparato estatal frente a las advertencias previas en situaciones de violencia de género. La investigación administrativa buscará determinar si existieron negligencias o dilaciones en el trámite de las denuncias presentadas por la víctima antes de que se consumara el crimen.
Fallas de control y medidas de protección
El anuncio oficial se centra en verificar la cadena de decisiones tomadas por el sistema judicial de Lambaré a partir de las denuncias presentadas por la joven. La existencia de una orden de restricción vigente que no impidió el desenlace fatal pone en evidencia las limitaciones del esquema actual de seguimiento de medidas cautelares.
Desde la máxima instancia judicial, la auditoría buscará deslindar responsabilidades sobre el tratamiento que se le dio a la alerta por el incumplimiento de la orden de alejamiento. El informe resultante deberá determinar si los protocolos de actuación se aplicaron conforme a la normativa o si se registraron omisiones en la protección de la víctima.