La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cerró un capítulo clave en la estrategia de la defensa de Sebastián Marset y su pareja, Gianina García Troche, al rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad presentada contra el acta de imputación del caso A Ultranza Paraguay. La decisión de la máxima instancia judicial frena un intento directo por frenar el proceso y deja un mensaje institucional en la causa más compleja contra el crimen organizado que afronta el país.
El tribunal integrado por los ministros César Diesel, Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda resolvió por unanimidad desestimar el recurso planteado por los abogados Hugo Ramón Núñez y Pedro Antonio Florentín Benítez. La defensa pretendía anular el acta de imputación dictada el 23 de febrero de 2022, la resolución judicial que la admitió y, en el mismo trámite, impugnar dos artículos clave de la Ley 1340/88, normativa central que tipifica y sanciona el narcotráfico y el lavado de dinero en territorio paraguayo.
Las razones técnicas de un rechazo sin rodeos
El argumento de los magistrados fue categórico: el planteamiento carece de rigor sustancial. Según explicó el ministro Diesel al fundamentar su voto —acompañado sin discrepancias por Ríos y Santander—, la representación legal de Marset no fundamentó formalmente por qué consideraba inconstitucionales las disposiciones de la ley antidrogas. El pedido no superó el análisis preliminar de forma.
Asimismo, la Corte recordó dos principios fundamentales del procedimiento penal paraguayo que fueron ignorados por la defensa. En primer lugar, los imputados no agotaron las vías y recursos ordinarios previstos en el fuero penal antes de acudir a la máxima instancia constitucional. En segundo lugar, el acta de imputación del Ministerio Público no constituye un acto definitivo o pasible de ser atacado mediante este mecanismo extraordinario, ya que se trata de un acto de comunicación formal y no de una sentencia firme.
El peso de un expediente que cruza fronteras
Detrás del escrito procesal fallido existe un trasfondo de gravedad extrema. Marset, de nacionalidad uruguaya, está catalogado por los investigadores como uno de los líderes de la red dedicada al tráfico masivo de cocaína hacia Europa y al lavado de activos a gran escala. La causa A Ultranza Paraguay expuso las ramificaciones del dinero ilícito en sectores como la ganadería, el deporte y el sistema financiero nacional, con derivaciones políticas de gran alcance.
El caso trasciende las fronteras nacionales. Las autoridades atribuyen además a Marset la autoría moral del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en Colombia en mayo de 2022. Tras su prófuga permanencia en Bolivia y posterior captura, el presunto cabecilla fue trasladado a los Estados Unidos, donde permanece bajo custodia de la justicia norteamericana afrontando cargos por narcotráfico internacional.
Por su parte, García Troche —procesada en el país por lavado de dinero junto al clan familiar de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”— ya fue extraditada desde España a la espera de la prosecución de las etapas procesales correspondientes.
Límites al litigio de mala fe en la causa madre
El trasfondo de esta resolución judicial va más allá de un simple trámite denegado. Durante años, los grandes expedientes vinculados al crimen organizado en Paraguay tropezaron con chicanas procesales y pretensiones de nulidad planteadas desde la clandestinidad. Cabe recordar que, al momento de presentar esta acción en 2024, tanto Marset como García Troche contaban con orden de captura internacional y estaban formalmente declarados en rebeldía.
La postura firme de la Corte al inadmitir el pedido evita que la causa principal sufra dilataciones artificiales. Garantiza que la imputación fiscal mantenga plenamente su validez normativa y ratifica que las leyes antidrogas vigentes son plenamente aplicables a los investigados. La Justicia da un paso correcto al cerrar una rendija técnica con la que se pretendía debilitar la investigación madre de A Ultranza.