La Cámara de Apelaciones ratificó la elevación a juicio oral de la causa penal conocida como Tajy, en la que el exintendente de Ciudad del Este y referente del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, está acusado por la presunta comisión de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La resolución confirma la postura adoptada en primera instancia y deja al dirigente esteño al borde de un segundo juzgamiento público por supuestas irregularidades en su gestión municipal.
La decisión fue firmada por los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes respaldaron lo actuado por el juez penal de Garantías Humberto Otazú tras la audiencia preliminar llevada a cabo en agosto pasado. Con este paso procesal firme, la causa queda únicamente a la espera del sorteo de los jueces de Sentencia que integrarán el tribunal encargado de juzgar la conducta del exjefe municipal y de los demás procesados.
Las compras de pandemia bajo la lupa fiscal
El núcleo de la investigación del Ministerio Público apunta a un supuesto esquema de contratación irregular montado durante el periodo más duro de la crisis sanitaria. De acuerdo con la acusación sostenida por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez, el 11 de junio de 2020 la Municipalidad de Ciudad del Este desembolsó G. 306 millones a favor de la firma proveedora Tajy. El pago se realizó en el marco de una licitación por la vía de la excepción destinada a la compra de insumos para la elaboración de panificados para familias vulnerables.
Sin embargo, la hipótesis fiscal sostiene que los productos abonados con recursos públicos nunca ingresaron efectivamente a las dependencias municipales. Para la representación social, no se trató de una falla administrativa aislada, sino de una maniobra coordinada desde la cúspide del poder municipal.
“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública”
El expediente no salpica únicamente al exintendente. Junto con Prieto, deberán sentarse en el banquillo de los acusados otros diez procesados: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez.
El impacto político de una doble pinza judicial
Para analizar el escenario de Miguel Prieto hay que mirar más allá de los párrafos del escrito acusatorio. El exjefe municipal de la segunda ciudad más importante del país no es un actor cualquiera: es hoy una de las figuras con aspiraciones de articular la oposición con miras a las elecciones presidenciales. Que la ratificación de este segundo juicio oral se produzca en paralelo al desarrollo de otra causa judicial plantea un interrogante insoslayable sobre la viabilidad de sus proyectos políticos y el uso de las instituciones del Estado.
En efecto, Prieto afronta de manera simultánea el juicio oral en la causa denominada Tía Chela, donde el Ministerio Público le atribuye un presunto perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones, también bajo la carátula de lesión de confianza y asociación criminal. Ese proceso se encuentra actualmente en la fase de producción de pruebas documentales, donde la Fiscalía intenta sostener la acusación sobre supuestas irregularidades en la provisión de alimentos.
El cruce entre los tiempos de la justicia penal y los tiempos de la política suele ser complejo en nuestro país. Mientras que desde el plano institucional se argumenta la necesidad de transparentar la administración de los recursos de emergencia ejecutados durante la pandemia, el entorno político del acusado insiste en señalar la existencia de un juzgamiento selectivo. La justicia tiene la obligación de probar las acusaciones con rigor técnico y sin sesgos; a su vez, la ciudadanía necesita certezas sobre si el dinero de los kits de alimentos llegó a quienes lo necesitaban o terminó atrapado en la burocracia municipal. El debate de fondo que responderá el tribunal no es menor: determinar si existió una estructura montada para desviar fondos o si los procesos administrativos se ajustaron a la legalidad en un contexto de excepción.