El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que desde el próximo 17 de noviembre desembolsará alrededor de G. 430.000 millones para abonar el beneficio adicional anual —el aguinaldo— a sus jubilados y pensionados. La cifra, explicaron las autoridades, registra un leve incremento respecto al ejercicio anterior debido al crecimiento natural de la nómina de beneficiarios. Pero detrás del anuncio del calendario de pagos, la verdadera discusión de fondo radica en cómo la previsional pretende sostener en el tiempo este tipo de compromisos sin comprometer la salud financiera del fondo común.
Según precisó Gladys Vera, gerente financiera y administrativa de la previsional, el abono del aguinaldo se realizará de manera conjunta con los haberes correspondientes a noviembre. El dato técnico clave transmitido por la administración es que el financiamiento de este pago no proviene de los aportes obrero-patronales cotidianos, sino de los intereses generados por las inversiones financieras del propio fondo de jubilaciones. Una precisión contable que busca llevar tranquilidad a los cotizantes, pero que reabre el debate sobre la sostenibilidad a largo plazo de la estructura del seguro social.
El trasfondo estructural: ¿quién pagará la cuenta a futuro?
Más allá de la liquidez para cumplir con el beneficio de fin de año, el Consejo de Administración del IPS analiza mecanismos para garantizar la continuidad de esta acreditación en los próximos ejercicios. Entre las alternativas que están formalmente sobre la mesa figura la aplicación de un aporte adicional a los trabajadores activos, el cual podría ubicarse entre el 2% y el 5%. La iniciativa plantea una paradoja recurrente en la gestión pública: buscar la sostenibilidad de los derechos de los pasivos mediante el incremento paulatino de la presión sobre la masa de asalariados formales.
La propuesta técnica deberá atravesar aún varios cedazos institucionales. En primera instancia será evaluada por el Comité de Regulación Jurídica del IPS. De obtener el visto bueno de este órgano y contar con el aval posterior del Consejo de Administración, el proyecto no podrá aplicarse de forma directa: requerirá ser remitido al Congreso Nacional para su eventual aprobación y promulgación como ley de la República.
Ecuaciones que desafían la economía formal
El debate sobre la viabilidad del IPS no es nuevo, pero la posibilidad de elevar los aportes de los cotizantes activos exige un análisis riguroso sobre el impacto en el mercado laboral. Recargar el costo del empleo formal en un contexto donde la informalidad sigue siendo el refugio de una porción sustancial de la fuerza de trabajo nacional entraña riesgos evidentes. Si el incentivo para permanecer en la formalidad se reduce por vía de mayores descuentos asalariados, la base misma de aportantes del sistema de seguridad social corre el riesgo de erosionarse.
Vera explicó que el beneficio adicional anual se abonará junto con los haberes de noviembre y que su financiamiento proviene de los intereses generados por las inversiones financieras del fondo de jubilaciones, no de los aportes obrero-patronales habituales.
Garantizar el haber y el aguinaldo a quienes dedicaron su vida al trabajo es un imperativo de justicia social insoslayable. Sin embargo, la discusión de fondo que el Congreso y la sociedad paraguaya deberán dar no pasa únicamente por autorizar o rechazar un aumento porcentual en los aportes. La pregunta clave es si la previsional logrará estructurar una reforma integral de sus fondos de inversión y de su gobernanza institucional antes de que la solución por defecto sea, una vez más, tocar el bolsillo del trabajador dependiente.