La gestión del patrimonio inmobiliario de Itaipú Binacional ofrece hoy un contraste tajante entre ambas márgenes del río Paraná. Mientras Brasil consolida un esquema ágil de subastas públicas que convierte activos ociosos en ingresos millonarios, Paraguay mantiene en un limbo burocrático la regularización de las viviendas en sus áreas habitacionales. La diferencia no es solo administrativa; evidencia dos miradas opuestas sobre la eficiencia estatal y la seguridad jurídica de los ocupantes.
Esta semana, la margen brasileña concretó en Foz de Yguazú su sexta subasta del año, adjudicando nueve inmuebles de la emblemática Vila A por 3,95 millones de reales (unos 197.000 reales por encima de la base fijada). El dato revela la continuidad de una política patrimonial previsible: desde 2021, el país vecino completó 18 rondas de subastas y recaudó más de 103 millones de reales, desprendiéndose de bienes que ya no necesita para la operación de la usina.
El laberinto administrativo en el lado paraguayo
En el margen derecho, la realidad para los residentes de las áreas habitacionales 1, 2, 3, 4 y 8 de Ciudad del Este y las zonas residenciales de Hernandarias es completamente distinta. Casas construidas hace décadas para los obreros de la represa siguen sin título definitivo, dejando a cientos de familias en un estado de incertidumbre prolongado sobre el inmueble que ocupan como hogar permanente.
A finales de 2025, el directorio de la entidad binacional aprobó los lineamientos para implementar un programa de venta social destinado a antiguos inquilinos y pobladores censados. Sin embargo, el anuncio no se tradujo en una gestión ejecutiva fluida. La falta de concreción práctica perpetúa la duda sobre los valores finales de tasación, los plazos de transferencia y los requisitos para el traspaso legal.
Exhortaciones parlamentarias y el riesgo del deterioro
La parsimonia institucional motivó el pronunciamiento de la Cámara de Diputados, que aprobó un proyecto de declaración para exhortar a la binacional a agilizar las enajenaciones. La iniciativa parlamentaria incluyó el pedido de destinar los fondos colectados a la construcción del Gran Hospital del Este. Sin embargo, conviene no engañarse: la resolución legislativa es apenas una señal política sin fuerza imperativa que no acelera por sí sola los plazos de la entidad ni garantiza recursos para la obra de salud.
El retraso no solo perjudica a los vecinos que esperan su título; genera un costo de oportunidad real para la propia binacional. Las viviendas desocupadas corren el riesgo de sufrir un deterioro progresivo por falta de mantenimiento, al tiempo que la postergación impide calcular con precisión la valoración real del patrimonio disponible.
La comparación resulta inevitable: cuando un proceso administrativo se demora de forma indefinida, la ineficiencia también se paga. Brasil demuestra que la liquidez y la transparencia son posibles cuando hay decisión de cerrar ciclos. Paraguay, en cambio, sigue postergando la definición de un patrimonio que bien podría aportar tranquilidad a sus habitantes y recursos al erario. ¿Cuánto tiempo más tomará transformar los discursos de inclusión social en títulos de propiedad firmados?