Unas 5.000 familias de distintos puntos del país ya sufren el impacto directo del aumento del cauce de los ríos y las intensas precipitaciones. Lejos de ser un episodio pasajero, las proyecciones oficiales anticipan un escenario complejo que podría prolongarse hasta marzo de 2027, condicionado por la saturación de los suelos y las crecidas en las cuencas hídricas que comparten Paraguay y Brasil. La magnitud de esta crisis no solo pone a prueba la capacidad logística del Estado, sino que expone la recurrente vulnerabilidad de la infraestructura nacional ante fenómenos climáticos de larga duración.
Según datos confirmados por el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, del total de familias afectadas, aproximadamente 3.000 se encuentran en situación de damnificación directa. El mapa del despliegue muestra que unas 1.300 familias permanecen reubicadas en albergues temporales, tinglados y estructuras provisorias, mientras que cerca de 2.100 han tenido que buscar refugio en casas de familiares o vecinos. Asimismo, unas 950 familias continúan dentro de sus viviendas, aunque enfrentando condiciones de extrema precariedad por el avance del agua.
En el departamento de Ñeembucú, una de las zonas históricamente más castigadas por las crecidas, la ayuda humanitaria sigue siendo crítica. La SEN informó que mantiene operativos de asistencia en distritos como Cerrito y Mayor Martínez, donde todavía restan comunidades pendientes de recibir suministros básicos. El despliegue en estos puntos busca cubrir a los sectores que permanecen aislados por el anegamiento de los caminos ribereños.
El comportamiento de los ríos principales sigue mostrando volatilidad. Aunque el caudal del río Paraná registró un descenso cercano a los 20 centímetros en las últimas horas, las previsiones meteorológicas indican que las lluvias previstas para los próximos días podrían revertir rápidamente esa baja. Como informó este medio Las inundaciones por la crecida del río Paraná ya afectan a más de 4.200 familias en cuatro departamentos, el volumen de las aguas ya venía registrando un incremento sostenido que afectó a miles de familias en cuatro departamentos del país.
Efecto acumulativo: la saturación del suelo y las cuencas regionales
El problema central radica en que la saturación de la tierra ha reducido a cero la capacidad de absorción del agua de lluvia en amplias regiones del territorio nacional. A este factor local se suma la situación en la cuenca brasileña, cuyas precipitaciones alimentan directamente los ríos Paraná e Iguazú, impactando con fuerza en las comunidades paraguayas ubicadas aguas abajo. El pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología, respaldado por organismos internacionales, coincide en que la inestabilidad climática y las constantes crecidas se mantendrán a lo largo de 2026 y los primeros meses de 2027.
Esta persistencia plantea una interrogante de fondo sobre los recursos económicos y logísticos con los que cuenta el Poder Ejecutivo para sostener una asistencia prolongada. La ayuda de emergencia representa un paliativo indispensable para la subsistencia inmediata, pero no resuelve el costo estructural que imponen las inundaciones: la interrupción de las actividades productivas locales, el deterioro acelerado de la red vial y la pérdida recurrente de bienes por parte de las poblaciones más expuestas.
El antecedente de 2018 como parámetro de respuesta estatal
Para dimensionar el impacto financiero y operativo que podría alcanzar la actual contingencia, la SEN utiliza como parámetro de referencia el evento del fenómeno El Niño registrado entre 2018 y 2019. En aquel periodo, el Estado paraguayo debió asistir a más de 64.000 familias a nivel nacional, lo que demandó la construcción de aproximadamente 25.000 viviendas temporales y la entrega de kits de alimentos no perecederos en tres etapas sucesivas.
La apelación a este antecedente histórico demuestra que las autoridades contemplan una escalada mayor en la cantidad de damnificados si las precipitaciones no dan tregua. La respuesta institucional ante este tipo de desastres vuelve a poner de relieve la brecha existente entre los planes de contingencia para la urgencia y las políticas públicas de fondo en materia de ordenamiento territorial y obras de mitigación. La evolución de las lluvias en las próximas semanas determinará si la capacidad de asistencia del Estado es suficiente para contener un fenómeno que amenaza con extenderse durante más de dos años.