El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) comenzó a abonar hoy la pensión alimentaria a las personas con 68 años cumplidos al 24 de septiembre que reúnen los requisitos legales. La medida incorpora a un nuevo sector de la población de la tercera edad y marca la pauta de un esquema de cobertura que mantendrá esta franja etaria como tope mínimo de ingreso hasta finales del 2026, para recién habilitar el tramo de los 67 años a inicios de 2027. El hecho no es solo un trámite de cronograma de pagos: expone el mecanismo con el que el Fisco administra de forma progresiva la presión sobre los recursos públicos.
Tras el desembolso efectuado el lunes a los beneficiarios habituales, la nómina de este miércoles sumó a los nuevos ingresantes de 68 años. La precisión en la fecha es estricta dentro del sistema: quien haya alcanzado esa edad el 25 de septiembre quedó fuera de esta tanda. De forma complementaria, el reporte oficial incluye a 465 adultos de 69 años o más, 190 personas de comunidades indígenas, 154 personas con discapacidad, 95 extranjeros con residencia legal y 561 reincorporados al padrón.
La gestión de las altas y el tope de la caja fiscal
El margen de maniobra dentro del programa depende directamente de la capacidad presupuestaria asignada cada año. Las incorporaciones no responden únicamente a la disponibilidad de cupos nuevos, sino a la rotación natural dentro del sistema de administración social.
“Este año hemos ejecutado el 100% del presupuesto, con los 30.000 asignados cada año. Quedan los ingresos que hacemos con las bajas mensuales, con los fallecimientos, renuncias o bloqueos de cuentas sin movimientos o por otras razones”
Las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, confirman que el programa opera al límite de su capacidad financiera. La ejecución total del cupo anual de 30.000 nuevas asignaciones demuestra que el ingreso de nuevos beneficiarios en el último tramo del año queda supeditado a la depuración del padrón por fallecimiento o inconsistencias administrativas. Con las inclusiones formalizadas hasta septiembre, el programa alcanza a un total de 377.466 adultos mayores en todo el país.
Ajustes por salario mínimo y la proyección financiera al 2027
El impacto económico para los beneficiarios tendrá un ajuste en el corto plazo. El subsidio actual de G. 724.000 subirá a G. 760.000 a partir de enero. El beneficio representa por ley el 25% del salario mínimo legal, cuyo reajuste se concretó el pasado 1 de julio. Aunque la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP) cerró en 2,4% para el periodo de cálculo, el Poder Ejecutivo dispuso un incremento del 5% en el piso salarial, lo que traslada de manera directa esa mejora al haber de la tercera edad.
El sostenimiento de esta política pública requerirá un esfuerzo financiero creciente en el mediano plazo. Para el año 2027, las proyecciones contemplan una adición de USD 65 millones al presupuesto del programa. De esta manera, el costo total de la pensión llegará a los USD 564 millones para financiar 30.000 nuevas incorporaciones y alcanzar un universo de 406.000 beneficiarios.
La gradualidad en la rebaja de la edad de acceso evidencia una realidad insoslayable: la contención social en Paraguay avanza al ritmo que le permite la recaudación y la rigidez del gasto público. Elevar la cobertura es una urgencia social, pero su viabilidad futura depende de la solidez con que el Estado planifique la sostenibilidad de sus cuentas.