La investigación por la fuga de reclusos en la cárcel de Emboscada alcanzó este miércoles a una de las estructuras de control más sensibles del sistema penitenciario. La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la vivienda del subcomisario Derlis Cáceres, ex director de Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia, ubicada en la ciudad de Villa Elisa. El procedimiento busca determinar si existió facilitación o complicidad desde altos cargos administrativos en favor de internos vinculados al crimen organizado, una hipótesis que pone de manifiesto, una vez más, las fallas estructurales de custodia e inteligencia en los penales del país.
Las pesquisas sobre la alta jerarquía
El operativo estuvo liderado por la fiscala Fabiola Sosa, con el apoyo de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Al momento del ingreso de las autoridades, el jefe policial no se encontraba en su domicilio. Según explicó el comisario principal Luis López, director de la mencionada unidad policial, Cáceres ya había sido notificado sobre la realización del procedimiento, por lo que los intervinientes quedaron a la espera de su comparecencia o de su eventual detención.
Las indagatorias oficiales buscan delimitar la responsabilidad de la línea de mando en la evasión. Según las declaraciones del comisario López, las diligencias apuntan a esclarecer la veracidad de los hechos y el grado de implicancia de funcionarios de alta jerarquía. El objetivo del allanamiento consiste en recolectar elementos de convicción que confirmen o descarten si el ex titular de Inteligencia Penitenciaria tuvo una participación activa o de cobertura en la fuga de los reclusos.
blockquote>“Lo que se quiere constatar es la veracidad de todas las circunstancias y la implicancia de los funcionarios de alta jerarquía”, señaló el comisario principal Luis López.
Antecedentes e implicaciones en el sistema penitenciario
El subcomisario Cáceres no ejercía el cargo al momento del procedimiento. El jefe policial fue apartado de sus funciones hace más de 30 días por un caso de similar naturaleza y actualmente figura a disposición de la Dirección de Recursos Humanos. Aunque los investigadores aclararon que de momento no es posible atribuirle una participación directa en este evento específico, el procedimiento judicial busca indicios documentales o materiales que permitan sostener formalmente una hipótesis fiscal.
La investigación en curso salpica a otros estratos de la administración penitenciaria. De acuerdo con los datos brindados por el Departamento contra el Crimen Organizado, el avance de las pesquisas se sustentó en los testimonios recabados de las cinco personas que ya fueron detenidas en el marco de la causa. Estos testimonios permitieron ampliar el abanico de sospechosos hacia los mandos superiores, bajo la sospecha de que la logística de una fuga de este tipo requiere de apoyos que exceden la guardia perimetral básica.
El caso reabre el debate sobre la vulnerabilidad de la inteligencia penitenciaria en Paraguay y la penetración de las organizaciones criminales en las dependencias estatales encargadas de la seguridad. La derivación de la causa determinará si las fallas operativas responden a negligencias puntuales o si forman parte de un esquema institucionalizado de corrupción dentro de los establecimientos de reclusión del país.