La promesa de posicionar al país en la vanguardia tecnológica global a través de la instalación de centros de datos dedicados a la inteligencia artificial acaba de tropezar con la realidad de los costos energéticos. Diversas organizaciones de la sociedad civil encendieron las alarmas sobre el impacto financiero que estas operaciones de gran escala tendrán para el usuario común: advierten que el suministro de energía barata garantizado por 15 años a estas empresas de vanguardia podría desembocar en un tarifazo generalizado de la luz a partir del año 2030.
El foco de la discusión radica en la tarifa acordada para este sector intensivo en consumo eléctrico. Las organizaciones cuestionan el precio de USD 48,91 por megavatio-hora (MWh) estipulado en los contratos, al considerar que se trata de un valor subvencionado que no contempla los costos reales de oportunidad y la demanda futura de infraestructura. De sostenerse este esquema, señalan, el sistema eléctrico nacional acumulará millonarios sobrecostos operacionales y de inversión que terminarán descargándose sobre las facturas de los clientes residenciales y comerciales.
El argumento oficial y la trampa del largo plazo
Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la postura es radicalmente opuesta. El equipo técnico de la estatal defiende la estructura tarifaria aplicada a los data centers y asegura que el monto contratado de USD 48,91/MWh cubre holgadamente sus costos actuales de compra y distribución, además de generar ingresos inmediatos por una potencia que, de otro modo, no se estaría aprovechando comercialmente.
Sin embargo, la pregunta de fondo que deben hacerse las autoridades no es si el precio de hoy cubre la factura de hoy, sino qué sucederá cuando el margen de excedente energético de Itaipú y Yacyretá se agote. Vender energía a precio fijo por 15 años a industrias que generan escaso empleo directo parece una apuesta arriesgada en un país donde la calidad del servicio sigue requiriendo inversiones urgentes en transmisión y distribución. La ironía del modelo es evidente: se premia con previsibilidad y precios competitivos a grandes corporaciones tecnológicas, mientras los comercios locales y los hogares deben absorber los ajustes de costos derivados del desgaste de la red nacional.
Implicancias para la economía cotidiana
Para el ciudadano de a pie, esta controversia sobre megavatios y tarifas preferenciales no es una discusión abstracta de ingenieros o economistas. El riesgo real es que el subsidio implícito otorgado hoy a la tecnología de punta se traduzca, en el mediano plazo, en un deterioro directo del poder adquisitivo de las familias paraguayas a través de reajustes en la facturación mensual.
La ecuación que plantea el sector crítico expone una contradicción en la política energética: si los sobrecostos proyectados se materializan antes del fin de la década, el sobreprecio de la energía no solo afectará el presupuesto del hogar, sino que restará competitividad a la industria nacional que sí genera mano de obra masiva. La ANDE insiste en que las cuentas cierran; las organizaciones advierten que la factura recién llegará en 2030. La tarea del regulador debe ser transparentar si el negocio del futuro no se está financiando con el bolsillo del usuario presente.