El Ministerio de Justicia dispuso la remoción de Rubén Peña al frente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, luego de confirmarse la fuga de dos reclusos de alta peligrosidad del centro penitenciario Padre Juan Antonio de la Vega (Martín Mendoza), ubicado en la ciudad de Emboscada. En su reemplazo, el titular de la cartera estatal, Rodrigo Nicora, designó a un comisario general retirado con la directiva de reordenar los controles de seguridad.
La evasión de estos dos internos reabrió de inmediato las alarmas institucionales e impulsó las primeras diligencias por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. La investigación ya derivó en la aprehensión de sospechosos e indagatorias al personal de guardia para determinar la eventual complicidad o negligencia en el quebrantamiento de la custodia de la cárcel de Emboscada.
Las grietas del control penitenciario
Más allá del relevo de autoridades, el episodio expone nuevamente la fragilidad estructural de la custodia carcelaria en el país. El recambio de nombres en las direcciones representa una respuesta administrativa habitual frente a la crisis, pero deja abierta la interrogante sobre si la medida resulta suficiente para subsanar los fallos de fondo en la infraestructura, los protocolos de vigilancia y la integridad de los agentes asignados a los penales de máxima o media seguridad.
El proceso investigativo en curso busca precisar los detalles operativos de la fuga y delimitar las responsabilidades tanto penales como administrativas del personal penitenciario en servicio al momento del hecho.