La liquidación de ueno bank entra en una etapa crítica donde la matemática financiera empieza a cruzarse con la incertidumbre de los ahorristas. El economista Rodrigo Ibarrola advirtió sobre un riesgo importante de que los recursos depositados en la entidad no se recuperen en su totalidad. El mecanismo de rescate previsto por el marco legal vigente priorizará la cobertura inmediata mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), pero el saldo remanente quedará condicionado al valor real de los activos que la institución logre liquidar.
El dilema de fondo no radica únicamente en la activación del seguro estatal, sino en la brecha existente entre las obligaciones del banco y su patrimonio tangible. Según explicó Ibarrola en el programa “Así son las cosas”, emitido por radio Universo 970 AM y el canal GEN-Nación Media, los depósitos que excedan los techos de cobertura ingresarán a un proceso de venta de activos donde la recaudación final dependerá de la calidad de la cartera y de los bienes adjudicados.
El nuevo esquema del Fondo de Garantía y los plazos de pago
Uno de los cambios centrales en el proceso actual responde a la aplicación del nuevo marco legislativo, que posiciona al Fondo de Garantía como la herramienta primaria de respuesta para los ahorristas. Anteriormente, dicho mecanismo actuaba como una instancia de última ratio, activándose solo cuando resultaba imposible transferir la cartera de créditos a otra entidad financiera o ante la existencia de saldos descubiertos.
“En una situación normal, el Fondo de Garantía de Depósitos no sería la primera opción. Sin embargo, esta ley lo que hace es que esa sea la primera opción”, señaló el economista Rodrigo Ibarrola.
Bajo esta modalidad, la normativa prevé un desembolso inicial de hasta 40 salarios mínimos en concepto de adelanto, manteniendo como límite legal de cobertura total la cifra de 75 salarios mínimos. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el especialista, el Banco Central del Paraguay (BCP) ya se encuentra articulando la operativa técnica para ejecutar estos pagos, los cuales podrían iniciarse entre el 5 y el 6 de noviembre.
La liquidez real de los activos y el orden de prelación
El escenario se vuelve más complejo para las acreencias que superan la barrera del seguro legal. Para determinar el nivel de recupero de estos fondos, la autoridad reguladora debe establecer con precisión el balance de la entidad: cuantificar el dinero disponible, valuar sus bienes y consolidar el total de sus obligaciones pendientes.
El procedimiento implica la venta acelerada de la cartera de activos a través de concursos o licitaciones dirigidas a otras instituciones del sistema financiero. Los recursos obtenidos mediante estas operaciones se destinarán a saldar las deudas pendientes, ajustándose estrictamente al orden de prelación dispuesto por la ley.
“Se venden los activos, se hace una especie de licitación rápida, pasan a otros bancos y lo que se recupera con esa operación va a cubrir las obligaciones pendientes”, detalló el analista.
En este orden de prioridad, la normativa establece que los fondos jubilatorios ocupan el primer lugar en la escala de cobro. Ibarrola precisó que la recaudación inicial obtenida de la liquidación de bienes se canalizará de manera inmediata a la cobertura de las acreencias previsionales, dejando el saldo restante para los demás depositantes ordinarios.
Incertidumbre patrimonial y el impacto en la credibilidad institucional
El punto de mayor fricción radica en las discrepancias detectadas durante las inspecciones técnicas. Ibarrola enfatizó que las verificaciones previas expusieron inconsistencias significativas entre los saldos declarados por la administración de ueno bank y los hallazgos de las supervisiones oficiales.
“Lo que dice el banco que tiene no es verdad. Hay un riesgo importante de que eso no se recupere en su totalidad”, afirmó el economista, al señalar que cada revisión técnica sacaba a la luz nuevos desfases en los balances.
Esta opacidad en la información contable genera una incertidumbre directa sobre el valor de realización del patrimonio remanente. Finalmente, al evaluar los recientes ajustes en el directorio del Banco Central del Paraguay, Ibarrola sostuvo que las reorganizaciones eran indispensables para garantizar la operatividad de la banca matriz, aunque cuestionó la forma en que se ejecutaron las designaciones. El restablecimiento de la confianza en el regulador dependerá de la rigurosidad en las investigaciones, la transparencia en la liquidación y la atención efectiva brindada a los sectores afectados.