La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, e impulsó la causa hacia la Cámara de Senadores, que deberá resolver si juzga al mandatario o si acepta la renuncia que este presentó poco antes ante el Poder Legislativo. El trámite parlamentario expone una evidente fractura en la cúpula del Poder Ejecutivo y marca el desenlace acelerado de una crisis política cuya derivación institucional se definirá en las próximas horas.
El libelo acusatorio contó con el respaldo de los 78 diputados presentes en el recinto. La votación se concretó menos de una hora después de que se formalizara la dimisión del jefe de Estado, documento que fue entregado en la sede legislativa por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 13:30. Pese a que la nota de renuncia ya recorría los pasillos de la Cámara Baja y marcaba la agenda política de la jornada, la plenaria decidió no frenar el proceso acusatorio y remitió las actuaciones al Senado.
El itinerario de la sucesión en el Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó los pasos del cronograma institucional luego de mantener una comunicación telefónica con el titular del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez. En un principio, la convocatoria para tratar la aceptación de la renuncia de Peña estaba prevista para las 17:00, pero la mesa directiva resolvió adelantar la sesión extraordinaria para las 15:30.
El diseño de la transición prevé que a las 18:00 se proceda al juramento del vicepresidente Pedro Alliana como nuevo titular del Poder Ejecutivo. La hoja de ruta parlamentaria contempla además que a las 19:00 el Congreso se reúna en sesión conjunta para elegir al nuevo vicepresidente de la República, cargo para el cual suenan como principales candidatos los senadores Antonio Barrios y Gustavo Leite.
El dilema jurídico y político ante la Cámara Alta
La decisión de la Cámara de Diputados abre un escenario de doble vía que ahora deberá resolver la Cámara de Senadores, constituida en tribunal de juzgamiento. El cuerpo legislativo tiene ante sí la opción de dar curso formal al juicio político para definir la destitución del presidente o, en su defecto, archivar el proceso acusatorio y dar tratamiento directo a la nota de renuncia para formalizar la vacancia en la Presidencia.
La postura unánime de los legisladores al impulsar el juzgamiento, aun con la dimisión sobre la mesa, refleja el interés del arco político en dejar un precedente institucional respecto a la responsabilidad del mandatario saliente. Resta determinar si el Senado optará por la vía del juzgamiento o por la aceptación rápida de la renuncia para acelerar la toma de posesión de las nuevas autoridades nacionales.