El Ministerio Público dispuso la apertura de tres causas penales y la conformación de un equipo fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar las denuncias vinculadas a la gestión, supervisión y colocación de fondos públicos en ueno bank S.A. La medida salpica directamente al presidente de la República, Santiago Peña, al vicepresidente, a exministros y a altas autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La pregunta de fondo que la justicia deberá responder no es menor: ¿existió un favorecimiento sistemático con recursos del Estado hacia una entidad financiera privada y fallaron deliberadamente los mecanismos de control?
La decisión institucional se formalizó tras un memorando de la Dirección del Gabinete Fiscal con fecha 05 de noviembre de 2026. Este dictamen recomendó activar las pesquisas ante la acumulación de múltiples presentaciones formuladas por legisladores de ambas cámaras del Congreso, además de un reporte ingresado por el propio ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera Chávez.
El origen de las denuncias y los actores involucrados
El expediente penal se nutre de varios antecedentes acumulados en la sede fiscal. El primero corresponde a la ampliación de una denuncia presentada por senadores y diputados el 22 de octubre de 2025 (causa N.º 12.355) contra el jefe de Estado. En dicho escrito se incorporaron elementos sobre las decisiones administrativas y financieras que rodearon el proceso de resolución de la entidad bancaria, así como el destino de los depósitos estatales y previsionales.
A esta causa se sumó una segunda presentación registrada el 05 de noviembre bajo el número 13.762, impulsada por miembros del Senado. Esta última amplía el abanico de investigados e incluye explícitamente al presidente, al vicepresidente, al exministro de Economía y Finanzas, junto a los responsables de los órganos de fiscalización financiera y antilavado del Estado.
El escenario político y económico muestra una contradicción difícil de soslayar: las mismas instituciones encargadas de velar por la estabilidad del sistema y la protección del ahorro público son las que hoy deben explicar ante la Fiscalía si sus omisiones o decisiones administrativas terminaron arriesgando el dinero de los contribuyentes y jubilados.
Un equipo de fiscalas para un caso de alto impacto
Para conducir las diligencias, la Fiscalía General designó a un grupo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción. La conducción operativa estará a cargo de los agentes fiscales Elena Fiore Franco (Unidad N.º 1), Silvia González Vester (Unidad N.º 3) y Christian Manuel Cáceres (Unidad N.º 6), bajo la supervisión de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.
Según la resolución oficial, el objetivo del equipo será reunir los elementos de convicción para determinar si las conductas denunciadas configuran hechos punibles en el fuero penal. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Ministerio Público aclaró las reglas del proceso:
La apertura de las causas penales constituye el inicio de las investigaciones formales sobre los hechos denunciados. No representa, por sí misma, una imputación ni una declaración de culpabilidad contra las personas mencionadas en las presentaciones.
Implicancias políticas y garantías para la ciudadanía
Más allá de la cautela procesal que exige el derecho penal, el impacto de este expediente trasciende las aulas judiciales. La intervención de la Fiscalía se da en un contexto de profunda conmoción política e institucional, gatillada luego de que el propio Banco Central del Paraguay resolviera la intervención y proceso de resolución de ueno bank S.A.
Para el ciudadano común, el caso no se reduce a un debate técnico sobre encajes o normativas bancarias. Lo que está en juego es la confianza en la administración del dinero público, la solvencia de los fondos de jubilación del IPS y la credibilidad del regulador financiero. Cuando los depósitos del Estado se mueven en el sistema bancario, la transparencia debe ser absoluta; de lo contrario, la sombra del conflicto de intereses termina por debilitar la institucionalidad económica del país.
El proceso de investigación recién comienza y la Fiscalía tiene sobre sus hombros la responsabilidad de actuar con rigor técnico, independencia y celeridad. Determinar si existieron irregularidades punibles o si las decisiones se ajustaron a derecho será indispensable para devolver la certeza que el mercado y la sociedad paraguaya reclaman.