La crisis política en la cúpula del Ejecutivo ingresó en su fase decisiva. Tras quedar sin cuórum la sesión extraordinaria en la que debía analizarse la aceptación o el rechazo de la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, la Cámara de Senadores resolvió dar continuidad inmediata al proceso de juicio político. La determinación reconfigura de forma drástica el escenario institucional: el juzgamiento no se detiene y la destitución del mandatario aparece como el desenlace inminente de una jornada de alta tensión parlamentaria.
El anuncio fue confirmado de manera oficial por el presidente del Congreso Nacional, Bachi Núñez, quien ratificó que las etapas procedimentales fijadas por el Legislativo siguen su curso formal. El inicio del juzgamiento quedó fijado para las 19:45 horas de este mismo día. Mientras dure la tramitación del proceso en el recinto senatorial, Peña se mantiene en el ejercicio de la Presidencia de la República, aunque con un margen de maniobra política prácticamente nulo y con el trámite acusatorio en marcha.
Defensa convocada y votos definidos
El cronograma trazado por la mesa directiva del Senado prevé una resolución de extrema celeridad que podría consumarse en las primeras horas de la jornada de mañana. Según lo informado por la presidencia del cuerpo, Santiago Peña será convocado formalmente para ejercitar su derecho a la defensa ante el pleno del Senado. El propio mandatario ya adelantó que concurrirá a la citación para presentar sus descargos antes de la votación final.
Sin embargo, la arithmetic de los votos en la Cámara Alta sugiere que el trámite formal de la defensa difícilmente altere el resultado. Las bancadas parlamentarias ya habrían consolidado la mayoría calificada necesaria para dictaminar la remoción del jefe de Estado. La decisión política de consumar la destitución está tomada por las bancadas mayoritarias, lo que transforma la comparecencia del presidente en el paso previo a la votación decisiva.
Derivaciones judiciales y pérdida de inmunidad
Más allá de la salida del Poder Ejecutivo, el elemento central de este desenlace radica en sus consecuencias jurídicas directas. Al ser removido mediante el resorte del juicio político y no por la vía de la renuncia aceptada, el mandatario quedará despojado de toda inmunidad parlamentaria. La vía de la destitución le privará del privilegio constitucional de incorporarse a la Cámara de Senadores como senador vitalicio, una condición reservada institucionalmente a los expresidentes que concluyen mandato sin ser removidos vía juicio político.
Desprovisto de fueros, la situación judicial de Santiago Peña cambiará radicalmente de jurisdicción en el plazo inmediato. Una vez oficializada la destitución, el exmandatario deberá someterse a la justicia ordinaria. En ese escenario, la Fiscalía General del Estado quedará habilitada para la apertura de causas penales y la formulación de imputaciones en la jurisdicción ordinaria, sin necesidad de requerir trámites previos de desafuero ante el Congreso Nacional.