El recambio acelerado en la primera magistratura del país, marcado por la destitución de Santiago Peña y la posterior asunción de Pedro Alliana como presidente de la República, no congeló el descontento social ni cerró las dudas sobre las causas de la reciente turbulencia bancaria. En un pronunciamiento oficial difundido este 7 de noviembre, el Arzobispado de Asunción fijó una postura institucional contundente: el proceso político no puede derivar en un borrón y cuenta nueva que deje en la opacidad los hechos que detonaron la crisis.
Las exigencias a los órganos de control y la justicia
La postura eclesiástica pone el foco en la necesidad imperiosa de transparencia institucional. Para la jerarquía religiosa, la transición en el Palacio de López pierde legitimidad si se convierte en un mecanismo de sofocamiento de investigaciones en curso. En ese sentido, el comunicado instó de manera directa al Congreso Nacional, a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP) a actuar con independencia para delimitar responsabilidades en el sector financiero y en la función pública.
El documento del Arzobispado retoma y ratifica lo manifestado días atrás por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), apelando a la premisa de “Justicia, sin impunidad”. Desde la perspectiva del análisis institucional, la Iglesia advierte que la credibilidad del sistema económico y financiero depende de que las auditorías y los procesos penales lleguen a término, con la correspondiente reparación de los daños causados y la aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente, independientemente del rango de los eventuales implicados.
“No se puede desconocer ni minimizar la indignación, la frustración y el dolor de la sociedad. Es necesario escuchar con seriedad el clamor de la ciudadanía, que pide cambios profundos y no simples maniobras políticas que mantengan intacto el esquema de corrupción”, expresa el comunicado del Arzobispado.
El termómetro social y el desafío del nuevo gabinete
Más allá del reclamo punitivo, el análisis del Arzobispado apunta al escenario de gobernabilidad que enfrentan el presidente Pedro Alliana y el vicepresidente Antonio Barrios, quienes juraron en sus cargos el pasado 6 de noviembre. El pronunciamiento señala que la invocación religiosa realizada por las autoridades al asumir sus funciones debe traducirse en actos concretos de gestión, prudencia y apertura hacia la ciudadanía, en lugar de asumir una falsa normalidad institucional.
El documento hace especial énfasis en el malestar social acumulado, citando de forma expresa las movilizaciones protagonizadas por los sectores juveniles. La recomendación de la Iglesia al nuevo Gobierno es evitar las designaciones meramente cuotamárticas o de facción partidaria. En su lugar, plantea la incorporación de perfiles técnicos e íntegros en los ministerios y organismos clave del Estado como una señal indispensable para comenzar a reconstruir la confianza pública deteriorada.
“Hay indignación y enojo social. No pueden ni deben actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad”, advierte la institución eclesiástica, recordando que la función pública encuentra su único fundamento en la búsqueda del bien común.
El escenario abierto tras esta crisis expone una disyuntiva central para la nueva administración: si el recambio en el Ejecutivo operará como un cortafuegos para sostener las estructuras vigentes, o si efectivamente dará paso a las reformas estructurales e investigaciones severas que reclaman tanto la ciudadanía en las calles como los sectores institucionales del país.