El Gobierno anunció que solicitará asistencia técnica e internacional para seguir la ruta de los fondos vinculados a la crisis de ueno bank. El objetivo declarado por el Poder Ejecutivo es precisar el destino de los recursos financieros y avanzar en la recuperación del dinero perteneciente a los ahorristas afectados por la situación de la entidad.
La decisión marca un giro en la gestión de la crisis bancaria al apelar a herramientas de inteligencia financiera de países aliados. El vicepresidente de la República, Antonio Barrios, confirmó que la intención oficial es utilizar tecnología de alta precisión para el rastreo de los activos, bajo la premisa de que en el sistema bancario globalizado actual las operaciones dejan marcas auditables.
Contactos con la Embajada de Estados Unidos
En declaraciones ofrecidas a La Tribuna, el vicemandatario reveló que ya mantuvo reuniones preliminares con diplomáticos norteamericanos con el fin de articular mecanismos de apoyo para las pesquisas sobre el flujo de capitales.
“Yo ya había hablado con gente de la Embajada Americana en ese sentido y ellos están dispuestos a ayudar y buscar por dónde está ese dinero”, expresó Barrios.
El vicepresidente argumentó que la complejidad y el volumen de las operaciones cuestionadas requieren de capacidades técnicas que superan los esquemas locales de control, por lo que el respaldo de países con mayor infraestructura de inteligencia financiera resulta decisivo.
“Tenemos aliados que son países de primer mundo, con mucha tecnología, que podrían ayudarnos a saber dónde está el dinero, buscando la ruta del dinero. Todo es trazable hoy en el mundo”, manifestó el titular del Segundo Poder del Estado.
Implicancias para los ahorristas y el sistema
La intervención de agencias internacionales apunta a determinar con exactitud qué ocurrió con los fondos de la entidad y en qué jurisdicciones se encuentran actualmente colocados. Según las autoridades, el proceso judicial e investigativo no solo buscará deslindar responsabilidades, sino ejecutar el cobro de las deudas relacionadas con la crisis para mitigar el impacto sobre el sistema de depósitos.
El anuncio del Ejecutivo abre un escenario donde la efectividad de la trazabilidad financiera prometida será el parámetro para medir la capacidad real de recuperación de los activos en el exterior.