La imputación y detención del superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, imputado por presunta lesión de confianza con un pedido explícito de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, marca un hito de enorme gravedad institucional. El Ministerio Público sostiene que el encargado principal de vigilar la salud del sistema bancario nacional omitió actuar a tiempo ante advertencias sobre irregularidades financieras de magnitud en el Ueno Bank. La pregunta de fondo que esta investigación deja sobre la mesa no es solo la responsabilidad penal individual de un alto funcionario, sino el grado de solvencia y rigor real con el que los órganos reguladores cuidan el dinero de los ahorristas.
Excesos en créditos a empresas vinculadas
El núcleo de la imputación penal formulada por los fiscales Christian Benítez y Elena Fiore radica en la falta de respuesta institucional frente al riesgo de concentración crediticia. Según la investigación fiscal, Holger Insfrán fue notificado formalmente el 29 de abril de 2026 sobre graves excesos en los límites legales regulatorios de créditos otorgados a firmas conectadas con la entidad bancaria.
Las empresas señaladas en el expediente son Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Las obligaciones financieras conjuntas de este grupo habrían alcanzado la cifra de G. 743.784 millones. Este monto representaba el 31,9 % del patrimonio efectivo del banco, superando de manera holgada el tope regulatorio del 20 % fijado por las normas vigentes. En el negocio bancario, los límites a las operaciones con partes vinculadas no son meros trámites burocráticos: constituyen la barrera fundamental para evitar que una entidad exponga los depósitos del público a los negocios particulares de sus administradores o aliados comerciales.
Informes retenidos y venta de cartera
El segundo eje de la acusación fiscal apunta a la gestión del flujo de información dentro del propio Banco Central del Paraguay. La Fiscalía cuestiona la dilación en la tramitación de un informe técnico clave referido a una venta de cartera crediticia de Ueno a la firma Vinanzas S.A., por un valor aproximado de USD 74,4 millones.
De acuerdo con la cronología elaborada por la representación fiscal, el documento técnico estaba listo el 10 de julio, pero recién llegó a conocimiento del entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, el 24 de julio. El Ministerio Público resalta además que dicha advertencia técnica ni siquiera fue elevada formalmente al Directorio de la banca matriz, privando al órgano de gobierno monetario de insumos críticos para la toma de decisiones oportunas.
Detención, allanamiento y medidas cautelares
La derivación judicial del caso se aceleró este jueves 12 de noviembre con el allanamiento de la vivienda de Insfrán, ubicada en el barrio Santa Librada de Asunción, donde se ejecutó su detención. Durante el procedimiento, los investigadores incautaron documentación, una computadora y teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje.
El fiscal Cristian Benítez confirmó que, además de la privación de libertad, se solicitaron medidas cautelares de carácter real sobre los bienes del imputado para resguardar una eventual recuperación de activos. Por su parte, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú citó a las partes para este viernes 13 de noviembre, a las 08:45, a la audiencia de imposición de medidas en la que resolverá si otorga la prisión preventiva. El plazo para la presentación del requerimiento conclusivo de la Fiscalía vence el 12 de mayo de 2027.
El Ministerio Público sostiene que el funcionario recibió advertencias sobre irregularidades financieras de la entidad, pero no habría impulsado a tiempo las medidas correctivas correspondientes.
Corresponde subrayar que la imputación representa la hipótesis de trabajo de la Fiscalía y no constituye una condena firme. Sin embargo, la sola sospecha fundada sobre el máximo fiscalizador del sistema financiero degrada la confianza pública. Cuando los controles fallan o se mimetizan con los controlados, el riesgo crediticio deja de ser un indicador técnico y pasa a ser un problema de toda la ciudadanía.