La investigación penal en torno al procedimiento de resolución de ueno bank dio este viernes un paso de enorme relevancia institucional. Tres exintegrantes del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) —Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González— quedaron a disposición del Ministerio Público tras operativos que buscan deslindar responsabilidades sobre la supervisión y las decisiones tomadas desde la banca matriz. La pregunta de fondo que hoy se plantea ante la opinión pública y el sistema financiero no es solo qué falló dentro de la entidad privada, sino hasta dónde llegó la omisión o el aval de las autoridades reguladoras encargadas de velar por la estabilidad del crédito y el ahorro de la ciudadanía.
Las actuaciones fiscales se concretaron en las primeras horas de la jornada. Liana Caballero fue detenida en su vivienda particular ubicada en Asunción, mientras que Miguel Ángel Mora fue localizado durante otro procedimiento simultáneo. Por su parte, la comitiva fiscal y policial allanó inicialmente la residencia de Marco Aurelio González sin ubicarlo en el lugar, por lo que se dispuso su búsqueda hasta que, horas más tarde, el propio exdirectivo se presentó voluntariamente ante la Fiscalía para ponerse a derecho.
Las sospechas de la Fiscalía y el deber de control
La hipótesis central de los investigadores atribuye a los tres exfuncionarios la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Según consta en la resolución emitida por el Ministerio Público, las autoridades del BCP habrían tenido conocimiento, ya desde finales de 2025, de serios antecedentes sobre problemas de solvencia y la realización de operaciones irregulares con empresas vinculadas dentro de la entidad financiera.
Entre los elementos objetivos señalados en el expediente que comprometen la actuación del órgano regulador figuran los siguientes puntos clave:
- Incumplimientos reiterados en la ejecución del plan de factibilidad de la entidad.
- Modificaciones discrecionales en la estructura de los fideicomisos.
- Operaciones financieras no justificadas con empresas del mismo grupo económico o vinculadas.
En el plano técnico y regulatorio, la labor del BCP consiste precisamente en actuar como un cortafuegos oportuno. Cuando la supervisión técnica detecta inconsistencias en los balances o desvíos en los planes de factibilidad, las medidas correctoras deben aplicarse con celeridad para evitar un deterioro mayor del sistema. Determinar si existió una demora deliberada, negligencia técnica o complicidad directa es el reto principal que la Fiscalía deberá sustentar con pruebas documentales y pericias contables en esta fase del proceso.
El trasfondo de la resolución de ueno bank
Estas detenciones no ocurren en un vacío. Son el resultado derivado del proceso de resolución de ueno bank, medida que fue dispuesta de forma oficial por el propio BCP el pasado 3 de noviembre. Aquella intervención marcó el inicio de una causa penal más amplia que, en semanas anteriores, ya derivó en diligencias dirigidas a exdirectivos de la firma privada, funcionarios de la Intendencia de Supervisión de Bancos y representantes de empresas vinculadas al circuito operativo investigado.
El caso pone a prueba la solidez del marco de supervisión financiera del país. La credibilidad del sistema bancario no descansa únicamente en la solvencia de las entidades privadas, sino en la rigurosidad e independencia con la que las autoridades del órgano regulador ejercen su mandato constitucional. Cuando los controles fallan o se sospecha que fueron soslayados desde los más altos cargos de decisión, el impacto trasciende el expediente judicial y afecta la confianza general en los mecanismos de tutela del dinero público y privado.
El avance del proceso penal contra Caballero, Mora y González deberá precisar el grado exacto de responsabilidad individual que correspondió a cada uno en su calidad de miembros del Directorio. El desenlace de esta causa dictaminará si el sistema institucional cuenta con los anticuerpos necesarios para juzgar a sus propios fiscalizadores o si la supervisión financiera funcionó, en este caso, como un mero espectador formal frente a irregularidades previamente advertidas.