Caso Ueno: imputan al director jurídico del BCP y solicitan su prisión preventiva

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La investigación penal por el denominado caso Ueno Bank alcanzó este fin de semana un nuevo peldaño en la cadena de mandos del Banco Central del Paraguay (BCP). El Ministerio Público imputó a Aldo Javier Rodríguez González, titular de la Unidad Jurídica de la entidad monetaria, por su presunta participación en la manipulación de un informe institucional clave remitido a la Cámara de Senadores en octubre de 2026. Además de formular cargos, el equipo de fiscales solicitó al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del alto funcionario y el bloqueo general de sus bienes.

El requerimiento fiscal acusa a Rodríguez González de la presunta comisión de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de cómplice, sumado a la figura de asociación criminal en carácter de autor. La imputación se enmarca en la causa N.º 92/2026, un expediente de alto impacto político y financiero que salpica al expresidente Santiago Peña Palacios y a una nómina de exaltos ejecutivos de la función pública.

Tras la orden de captura dictada en su contra, Rodríguez González se presentó de manera voluntaria durante la tarde del domingo en la Comisaría 7.ª de Asunción para ponerse a disposición de la Justicia. Sin embargo, los fiscales a cargo de la causa argumentaron que persiste un elevado riesgo de fuga y de obstrucción a las pesquisas, razones por las cuales insistieron en la medida cautelar de privación de libertad e impulsaron medidas patrimoniales —como la inhibición general de enajenar y gravar bienes y el congelamiento de cuentas bancarias— con vistas a un eventual comiso.

La maniobra tras el informe remitido al Congreso

El núcleo de la hipótesis fiscal sostiene que el director jurídico del BCP desempeñó un rol activo en la modificación del contenido de un reporte técnico institucional entre septiembre y noviembre de 2026. De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público, la maniobra se habría ejecutado mediante actuaciones coordinadas con el entonces presidente del BCP, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding; el integrante del Directorio, Marco Aurelio González Maldonado, y el superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola.

El trayecto documental revela cómo la información original habría sufrido alteraciones antes de llegar al Poder Legislativo. El 23 de septiembre de 2026, la Superintendencia de Bancos envió a la Unidad Jurídica a cargo de Rodríguez González un documento de 15 páginas titulado “Informe Técnico en respuesta a la Nota MHCS N.º 3915”. Este material había sido elaborado para responder a un requerimiento formal que la Cámara de Senadores había aprobado el 9 de septiembre de 2026.

Alertas técnicas que habrían sido amputadas

La relevancia del documento adulterado no es menor para el análisis del sistema regulatorio y la transparencia financiera del país. Según la fiscalía, el texto primigenio de la Superintendencia contenía observaciones de extrema gravedad sobre las operaciones ligadas a Ueno Bank que posteriormente habrían sido recortadas o tamizadas.

Entre los puntos omitidos figuraban indicios de un esquema de financiamiento indirecto en la compra de cartera por parte de la firma Vinanzas S.A., una operación valuada en US$ 74,4 millones. Los investigadores presumen que dicha transacción buscó simular la regularización de excesos en los límites de crédito del denominado Grupo de Personas Vinculadas N.º 1.535.

Asimismo, el dictamen borrado abordaba la validez de aplicar el criterio de sustancia económica por encima de las formas contractuales para evaluar las irregularidades, ratificaba la existencia de una denuncia técnica impulsada por la propia Superintendencia de Bancos y detallaba las limitaciones legales que enfrentaba el BCP para declarar por sí solo la nulidad de la venta de cartera. El informe incluyó también precisiones sobre la situación funcional del exgerente Fernando Javier Ibarrola Angulo al 10 de julio de 2026.

Institucionalidad en juego y el trasfondo de los controles

El caso pone en evidencia la fragilidad de los contrapesos internos en la entidad encargada de velar por la estabilidad de la moneda y el rigor del sistema bancario nacional. Cuando la respuesta a un órgano de control constitucional como el Senado se convierte en un terreno de moldeado político o jurídico para disimular inconsistencias financieras, el daño reputacional trasciende a las personas imputadas y golpea de lleno la credibilidad de las instituciones reguladoras.

El proceso queda ahora en manos del Juzgado de Garantías, que deberá expedirse sobre el pedido de prisión preventiva presentado por el equipo fiscal conformado por Silvia González, Christian Benítez, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González. Más allá de la resolución sobre las medidas cautelares, el expediente plantea un interrogante de fondo que la Justicia tendrá que despejar: hasta qué punto las estructuras del Estado fueron utilizadas para encubrir desvíos en el sector financiero y quiénes asumirán la responsabilidad penal por la distorsión de la verdad institucional.

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