El juez penal de Garantías Osmar Legal ordenó el traslado inmediato del expresidente Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué. La resolución judicial desarticula el régimen de reclusión preferencial del cual gozaba el exmandatario en la sede del Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde se constató la instalación de facilidades privadas, entre ellas un gimnasio particular. La decisión se produjo tras la inhibición de los magistrados del fuero de Delitos Económicos y coincide con la fecha de cumpleaños del procesado.
El cambio de lugar de detención responde a una escalada de irregularidades en el cumplimiento de la prisión preventiva dictada en el marco de la investigación por la quiebra y presunta red de corrupción en torno a Ueno Bank. El caso no solo expone la fragilidad de los controles penitenciarios cuando involucran a figuras del poder político, sino que abre un debate de fondo sobre la equidad en la aplicación de las medidas cautelares en el sistema de justicia paraguayo.
Privilegios en el REP y reacción en el Ejecutivo
La permanencia de Peña en la unidad militar quedó insostenible luego de que salieran a la luz las condiciones de su encierro. Ante la confirmación de la existencia de infraestructura exclusiva montada para el recluso, el presidente Pedro Alliana resolvió la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial este lunes. La medida buscó frenar el costo político de una situación que afectaba directamente la credibilidad de la administración actual.
La reclusión en el REP había sido dispuesta originalmente el 7 de noviembre de 2026 por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú. Aunque la defensa del imputado había propuesto tanto esa unidad militar como la cárcel de Viñas Cué, el magistrado optó por la sede del Escolta Presidencial. Posteriormente, Otazú se apartó del expediente argumentando motivos familiares, debido a un vínculo colateral con el coprocesado Marco Aurelio González, lo que derivó en la intervención de Osmar Legal.
La causa penal y la estructura en Ueno Bank
El proceso contra Santiago Peña cobró impulso tras su destitución mediante juicio político aprobada por el Senado el 6 de noviembre de 2026. A partir de esa resolución parlamentaria, el Ministerio Público formalizó la imputación por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Según la tesis de la Fiscalía, el exjefe de Estado habría liderado una estructura operativa montada desde el aparato estatal con el objetivo de beneficiar económicamente al grupo empresarial vinculante al ente bancario. El colapso de la entidad financiera y la subsecuente investigación penal marcan uno de los expedientes de presunta corrupción pública de mayor impacto institucional en los últimos años, con implicancias directas en la confianza del sistema de crédito y la estabilidad financiera.
De unidad militar a penal para delitos de poder
Ubicada en el barrio Botánico de Asunción, la cárcel de Viñas Cué fue concebida originalmente para el procesamiento y juzgamiento de miembros de las Fuerzas Armadas bajo la jurisdicción militar. Sin embargo, las decisiones del fuero ordinario convirtieron de manera gradual a este recinto en el destino habitual de exautoridades civiles, exagentes policiales, personal antidrogas e imputados de alto perfil público o vulnerabilidad procesal.
El traslado de Peña a Viñas Cué busca garantizar un régimen de encierro bajo estándares de seguridad militar, pero dentro de los márgenes de custodia formal que exige un proceso judicial de esta envergadura. La resolución del juez Legal pone a prueba si el sistema de justicia es capaz de sostener un trato equitativo ante la ley o si la prisión preventiva continuará amoldándose a las influencias del procesado de turno.
