El BCP flexibiliza las reglas de crédito para mipymes atrapadas en la crisis de Ueno Bank

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La parálisis de liquidez provocada por el proceso de resolución de Ueno Bank ya no es un problema exclusivo de sus ahorristas; comenzó a transferir su impacto al circuito económico real. Para contener un efecto dominó sobre la cadena de pagos, el Banco Central del Paraguay (BCP) aprobó una serie de medidas temporales que permitirán a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) refinanciar las deudas que mantienen en otras entidades del sistema, al tiempo que otorgó un oxígeno regulatorio a bancos y aseguradoras expuestos a la entidad en crisis. La decisión administrativa busca dar margen de maniobra, aunque traslada la evaluación del riesgo caso por caso a los propios bancos.

La disposición oficial establece que las mipymes que contaban con depósitos en Ueno Bank al 2 de noviembre de 2026 podrán solicitar la renovación, refinanciación o reestructuración de sus préstamos en otros bancos o financieras. El requisito principal es que dichos créditos no hayan registrado un atraso superior a 60 días a la fecha de corte mencionada. Este régimen de excepción mantendrá su vigencia hasta el 31 de marzo de 2027, configurando un periodo de gracia para acomodar los flujos de caja resentidos por la inmovilización de fondos.

Sin automatismo y con alivio en la calificación de riesgo

El alivio financiero dictado por la banca matriz no operará de forma automática ni generalizada. El reglamento exige que cada entidad financiera verifique que la restricción para acceder a los depósitos en Ueno Bank haya afectado de manera concreta la capacidad de pago de la empresa solicitante. Esta condición deja en manos del análisis crediticio privado la decisión de extender los plazos, asumiendo que el problema central radica en un bache de liquidez y no en una insolvencia estructural previa del deudor.

Para incentivar a las entidades a renegociar sin deteriorar sus balances, el BCP dispuso que, una vez concretado el acuerdo de refinanciación, los días de morosidad acumulados en la operación original dejarán de computarse para la clasificación de riesgo. El nuevo crédito conservará de entrada la misma categoría que tenía antes de la crisis y se ajustará posteriormente según el comportamiento de pago del cliente. Asimismo, estas operaciones podrán evaluarse de forma independiente a las demás obligaciones del deudor, según especificó el ente regulador:

Esta medida no exime a las entidades financieras de realizar una evaluación integral del riesgo crediticio de cada cliente.

Oxígeno temporal para el sector financiero y asegurador

El paquete normativo aborda además la exposición directa que otros actores del sistema del mercado de capitales mantienen con la entidad fallida. En ese sentido, el BCP autorizó formalmente a los bancos que otorgaron préstamos a Ueno Bank a suspender por 90 días la obligación de constituir previsiones regulatorias adicionales sobre esas carteras.

La misma flexibilización se extendió al rubro de las compañías de seguros. A través de la Superintendencia de Seguros, la autoridad monetaria instruyó suspender por un periodo idéntico de 90 días la exigencia de previsiones regulatorias sobre las inversiones financieras vinculadas a la entidad en resolución. Con esta pausa, el regulador busca evitar que los balances de aseguradoras y bancos acreedores sufran el impacto inmediato del aprovisionamiento mientras se define el destino de los activos del banco.

El alcance real del salvavidas estatal

El argumento central de la bancada reguladora descansa en la necesidad de contener las consecuencias operativas de un proceso de resolución que amenaza con secar la caja de pequeñas y medianas empresas que utilizaban dicha entidad para su operativa diaria. No obstante, las reglas de juego dictadas por la banca matriz marcan un límite preciso: se trata de diferimientos y facilidades de recalificación, no de una condonación de deudas ni de un subsidio directo a las pérdidas acumuladas.

La respuesta institucional del BCP abre un paréntesis regulatorio necesario para evitar que un problema de liquidez puntual en una entidad se transforme en una crisis de mora generalizada en el sistema bancario. Queda por ver si el plazo fijado hasta marzo de 2027 resultará suficiente para que el tejido productivo absorba el golpe o si la severidad del traspié financiero exigirá nuevas prórrogas en la hoja de ruta oficial.

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