Fiscalía justifica su actuación tras la caída de Peña y la crisis de ueno bank

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En un intento por aplacar las críticas sobre su pasividad, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, emitió un extenso informe institucional donde defendió los tiempos y las decisiones del Ministerio Público en las investigaciones que envuelven a la crisis de ueno bank y la causa penal abierta contra el expresidente Santiago Peña. El pronunciamiento busca sentar una postura oficial: la Fiscalía asegura que actuó con autonomía, sobre la base de evidencias objetivas y sin responder a presiones políticas o mediáticas. La pregunta de fondo, sin embargo, no es solo qué hizo la institución, sino por qué los engranajes de la justicia penal solo parecieron acelerarse cuando el escenario político ya era irreversible.

De la causa frenada al giro tras el juicio político

El documento aborda uno de los puntos más controvertidos: el estancamiento de la investigación denominada “Sobres del Poder”, iniciada en septiembre de 2025 bajo la conducción del fiscal Jorge Arce. Rolón argumentó que los informes requeridos en su momento al Banco Central del Paraguay (BCP), a la Seprelad y a la Contraloría General de la República (CGR) no arrojaron indicadores de lavado de dinero ni irregularidades en la correspondencia patrimonial de Peña. Ese resultado, según la versión fiscal, justificó no proseguir esa línea específica.

Resulta llamativo cómo las dependencias de control tardan en detectar lo que luego, en contextos de crisis, emerge con severidad. El propio Rolón matizó que los dictámenes de la Contraloría no son vinculantes para la esfera penal y recordó que la CGR anunció recientemente una ampliación del período y universo patrimonial bajo examen. Si el órgano de control encuentra ahora discrepancias en la conducta financiera del exmandatario, la Fiscalía sostiene que estará facultada a abrir nuevas diligencias.

El tablero cambió de forma drástica tras el juzgamiento político de Peña. El 05 de noviembre se abrió la causa penal 92/2026 por presunta lesión de confianza y otros delitos, alcanzando al expresidente y a las máximas autoridades del sistema financiero. Al día siguiente de su destitución, la Fiscalía ordenó la detención de Peña y del entonces titular del BCP, Carlos Carvallo. El 07 de noviembre ambos fueron imputados con pedido de medidas cautelares. La institución insiste en que estas acciones fueron independientes del proceso político, aunque para el observador atento el contraste de ritmos antes y después del 6 de noviembre resulta difícil de ignorar.

El impacto en el sistema bancario y los bienes incautados

En el frente referente a ueno bank, la Fiscalía alega haber reaccionado de forma inmediata a la denuncia formal recibida el 03 de noviembre de 2026. La reconstrucción oficial señala que en las primeras 24 horas se ordenó la detención de ocho directivos y se imputó a 27 personas, entre ejecutivos y representantes de empresas vinculadas. A la fecha, las pesquisas abarcan a 34 investigados, incluyendo al Directorio del BCP y al superintendente de Bancos.

Las cifras de los procedimientos operativos son elevadas, aunque exigen una lectura precisa para no generar falsas expectativas en el público:

  • Se ejecutaron 35 allanamientos, entre ellos en la propiedad de Miguel Vázquez.
  • Se incautaron 27 vehículos de alta gama, tres avionetas y dos embarcaciones.
  • La estimación preliminar del valor de estos bienes alcanza los US$ 619 millones.

El propio Ministerio Público aclaró que este monto no representa dinero recuperado ni fondos disponibles para resarcir ahorristas o saldar deudas del sistema. Es una tasación inicial de bienes incautados que requiere verificación técnica. Para intentar rastrear activos en el exterior, la Fiscalía activó alertas con la Notificación Plateada de Interpol y solicitó asistencia a jurisdicciones como Estados Unidos, Luxemburgo, Argentina y Brasil. No obstante, la restitución efectiva de esos capitales dependerá de procesos judiciales ajenos y complejos que suelen extenderse por años.

Las carencias estructurales que condicionan los resultados

Más allá de la cronología de imputaciones, el descargo de Rolón deja al descubierto una fragilidad histórica: la falta de recursos técnicos. El fiscal general admitió abiertamente las severas limitaciones presupuestarias que atraviesa el Laboratorio Forense, una unidad clave cuando se trata de desarmar entramados de delitos financieros, peritar evidencias digitales y seguir la ruta del dinero.

Rolón mencionó la intención de reacondicionar un inmueble en el barrio Sajonia de Asunción y proyectar otra sede en Encarnación para fortalecer la pericia institucional. Sin embargo, reconocer que el Estado carece de suficientes especialistas en medio de una causa de US$ 619 millones expone una paradoja estructural: se pretende investigar delitos financieros de alta complejidad con herramientas presupuestarias obsoletas.

El comunicado de la Fiscalía funciona como un escudo institucional y una rendición de cuentas formal ante la ciudadanía. Sin embargo, en materia penal y de transparencia pública, los descargos escritos son insuficientes. El verdadero criterio para juzgar el papel del Ministerio Público no estará en la inmediatez de sus comunicados, sino en su capacidad para sostener las imputaciones en juicio, deslindar responsabilidades sin blindajes políticos y demostrar si el sistema judicial es capaz de recuperar lo sustraído.

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