El contralor general de la República, Camilo Benítez, anunció que no presentará su renuncia al cargo y que enfrentará un eventual juicio político en el Congreso Nacional, aun si el proceso culmina con su destitución. La postura de la máxima autoridad del órgano de control institucional abre un severo debate político sobre la eficacia y la independencia de las auditorías practicadas al patrimonio del presidente de la República, Santiago Peña.
El foco de la controversia pública radica en la rigurosidad de los exámenes de correspondencia sobre las declaraciones juradas del mandatario: qué datos procesó la institución, qué elementos se verificaron efectivamente y cuál fue el trámite otorgado a los hallazgos en la Fiscalía. Mientras Benítez defiende el accionar del organismo a su cargo, sectores de la oposición sostienen que los resultados favorables de la Contraloría sirvieron para despejar las sospechas sobre el mandatario sin profundizar en los puntos oscuros.
Límites temporales y responsabilidades institucionales
Uno de los ejes más cuestionados por el ámbito legislativo es la delimitación temporal aplicada a los controles patrimoniales. El subcontralor Armindo Torres explicó que las verificaciones técnicas abarcaron de forma exclusiva los periodos de ejercicio público de Peña, comprendidos entre 2014 y 2017, y el mandato actual que inició en 2023. Desde la institución fundamentaron que el intervalo en que el jefe de Estado permaneció en el sector privado quedó excluido debido a los límites de competencia legal que rigen al organismo.
Respecto al vínculo con las investigaciones penales, la Contraloría remitió un examen patrimonial al Ministerio Público el 13 de mayo de 2026. Benítez aduce que dicho informe incluyó la notificación formal de las omisiones detectadas en las declaraciones juradas del mandatario, derivando en la Fiscalía la responsabilidad de avanzar en una investigación de mayor profundidad penal.
Ampliación del control al entorno familiar
Frente a la presión institucional, el órgano de control habilitó una revisión complementaria sobre los movimientos económicos posteriores a octubre de 2025. En este contexto, Torres confirmó que se requirió información oficial a más de veinte instituciones públicas y privadas. Estos pedidos abarcan registros vinculados a la esposa, los hijos y la nuera del mandatario.
Desde la entidad aclararon que no se trata de exámenes autónomos de correspondencia sobre los familiares, sino de requerimientos a terceros orientados a precisar o descartar posibles vinculaciones financieras con el titular del Poder Ejecutivo. La Contraloría prevé culminar este análisis antes de fin de año, sujeto a la celeridad con que las entidades requeridas respondan a los oficios.
Un Congreso fragmentado ante la acusación
La intención de juzgar a las autoridades de la Contraloría no genera consenso absoluto en el Poder Legislativo. Por un lado, los diputados Johanna Ortega y Raúl Benítez encabezan la recolección de antecedentes para fundamentar un libelo acusatorio contra el contralor Benítez y el subcontralor Torres. Por el otro, referentes de la bancada de Colorado Añetete y de la bancada B del Partido Colorado proponen frenar las iniciativas de juzgamiento, argumentando la necesidad de precautelar la estabilidad institucional.
La eventual activación del juicio político dependerá de la capacidad de la oposición para articular las mayorías requeridas en ambas cámaras. La apertura de una nueva fase de revisión patrimonial evidencia las contradicciones en el sistema de control público paraguayo: la delgada línea entre las limitaciones formales de la ley y la voluntad política real para fiscalizar el poder sin condicionamientos.
