El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte Penayo, planteó formalmente la eliminación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la redistribución de sus facultades entre otras dependencias del Estado. La propuesta surge en un momento crítico para el sistema educativo del país, salpicado por investigaciones sobre la emisión masiva de títulos universitarios de dudosa legalidad y una fiscalización que demostró ser permeable.
Un esquema burocrático bajo sospecha
La postura de la ANEAES pone en la mesa de debate el verdadero rol que cumple el CONES en la estructura académica paraguaya. La investigación que detectó 1.090 títulos académicos sospechosos dejó al descubierto grietas profundas en los controles y reabrió la discusión sobre si la proliferación de instituciones de educación superior respondió a necesidades formativas o al negocio de la expedición de diplomas sin respaldo real.
Según explicó Duarte Penayo, la intención es desarticular una entidad que no logró frenar las irregularidades y transferir sus atribuciones a otros estamentos estatales para evitar la duplicación de funciones y dinamizar el control. La medida apunta a resolver un problema de fondo: la falta de rigor en la supervisión de las universidades e institutos superiores que operan en el país.
El planteamiento surge en medio de las investigaciones sobre la expedición de 1.090 títulos académicos sospechosos y los cuestionamientos a los mecanismos de fiscalización de universidades e institutos superiores.
El trasfondo de las reformas en la educación superior
El debate sobre la continuidad del CONES abarca la credibilidad de los profesionales que salen al mercado laboral. La existencia de más de mil títulos bajo la lupa de la sospecha no representa únicamente un trámite administrativo fallido; compromete el ejercicio de profesiones delicadas en el ámbito de la salud, el derecho y otras áreas sensibles para la sociedad.
Queda por ver si el planteamiento de la ANEAES encontrará eco en el Poder Ejecutivo y en el Congreso Nacional, donde finalmente se definen las modificaciones legislativas al sistema de educación superior. La reestructuración institucional propuesta exige determinar si la solución pasa por eliminar un organismo o por garantizar que las instituciones de control cumplan con su función sin injerencias corporativas.