La impunidad con la que operó el esquema de emisión de títulos universitarios falsos en el país no responde a una mera negligencia burocrática ni a un descuido administrativo. La fiscala Teresa Sosa sostuvo que la red cuenta con protección política directa, una cobertura que permitió que las fallas de control del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) se mantuvieran y agravaran con el paso de distintas administraciones.
El engranaje del control fallido
El diagnóstico de la representante del Ministerio Público expone el problema central del sistema: la falta de voluntad política para hacer cumplir la ley. La fiscala fue categórica al evaluar la permeabilidad de las instituciones encargadas de velar por la educación superior en Paraguay:
“Si no tuviera protección política, los controles funcionarían”
Según la investigadora, la cadencia de estas irregularidades no es nueva, sino un proceso acumulativo que se fue consolidando con los años. En ese esquema, las vulnerabilidades institucionales fueron aprovechadas para comercializar documentos académicos sin el sustento legal ni pedagógico correspondiente.
Las reformas urgentes para el CONES y el MEC
Frente a este escenario, Sosa planteó medidas concretas de contención. En primer lugar, estimó que el CONES debería suspender de forma temporal la habilitación de nuevas carreras e instituciones educativas. La prioridad, argumentó, debe ser auditar las universidades e institutos que ya se encuentran autorizados, con el fin de comprobar si efectivamente funcionan y cumplen con las exigencias normativas, otorgando un plazo determinado para regularizar los casos pendientes.
Respecto al MEC, la fiscala señaló la urgente necesidad de revisar los procesos internos del viceministerio de Educación, área de la cual depende la emisión de matrículas profesionales. Sosa explicó que en la actualidad la dependencia encargada de otorgar la habilitación profesional no verifica la autenticidad del registro previo del título, lo que permite que un documento sospechoso o apócrifo complete el circuito de validación sin ser sometido a un filtro riguroso.
Calificación jurídica de los hechos
En el plano penal, la fiscala detalló los hechos punibles que contempla la carpeta de investigación. Las conductas bajo sospecha se enmarcan en delitos contra la prueba documental y el patrimonio, específicamente la producción de documentos auténticos y la estafa mediante declaraciones falsas, maniobras que permitieron a los involucrados obtener beneficios patrimoniales indebidos.
Por el contrario, al ser consultada sobre la posibilidad de procesar a los implicados bajo la figura de asociación criminal, Sosa aclaró que no identificó los elementos constitutivos de ese tipo penal dentro del marco de la causa investigada. La investigación continúa centrada en determinar las responsabilidades individuales dentro de la red administrativa y política que permitió la proliferación de estos títulos.