En un país que ostenta una de las mayores producciones de energía eléctrica limpia por habitante en el mundo, cerca de 859.204 hogares continúan dependiendo del gas licuado de petróleo (GLP) importado para cocinar sus alimentos cotidianos. Esta aparente paradoja estructural es el punto de partida del plan diseñado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con el soporte técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La propuesta plantea una transición gradual de cuatro años hacia la electrificación del fuego del hogar, prometiendo un alivio financiero a la economía doméstica, aunque el verdadero dilema radica en cómo financiar el costo de entrada a esa tecnología.
El estudio institucional, presentado formalmente el 22 de octubre de 2026, traza una hoja de ruta de 46 meses dividida en cuatro etapas. El incentivo central expuesto es estrictamente económico: cocinar con electricidad proveniente de las hidroeléctricas locales resulta sustancialmente más barato que hacerlo con garrafas de gas cuyos precios internacionales no controlamos.
La ecuación económica: ¿cuánto se ahorra realmente?
Para determinar el beneficio real, el análisis gubernamental diferencia la estructura tarifaria del gas y de la energía eléctrica. En el mercado del GLP, el producto Ñande Gas de Petropar —con un precio de referencia de G. 5.990 por kilogramo— abarca apenas el 15% del mercado. El 85% restante del abastecimiento residencial está en manos de empresas privadas, donde el costo promedio asciende a G. 9.500 por kilogramo.
Con un consumo familiar promedio estimado en 140 kilogramos de GLP al año, la factura anual en gas ronda los G. 838.600 si se accede al producto estatal, pero trepa a G. 1.330.000 si se compra a las comercializadoras privadas. En contrapartida, cocinar esa misma cantidad de alimentos utilizando energía eléctrica implica un desembolso estimado de G. 503.020 al año, tomando como base la tarifa residencial media de la ANDE de G. 412,65 por kWh (datos al cierre de 2023).
La brecha arroja números claros para el bolsillo del consumidor:
Un usuario con tarifa residencial normal que reemplace el gas privado por electricidad obtendrá un ahorro de G. 826.980 anuales. Frente al gas de Petropar, la diferencia a favor es de G. 335.580 al año. El mayor margen de beneficio aparece en los sectores vulnerables: los usuarios beneficiados con la Tarifa Social de la ANDE (de hasta 100 kWh mensuales) podrían alcanzar un ahorro de hasta G. 1.223.371 anuales debido a los subsidios cruzados de la estatal.
La barrera de entrada: el financiamiento del equipamiento
Si la diferencia tarifaria favorece tan claramente a la electricidad, cabe preguntarse por qué la adopción no ha sido masiva e idéntica de manera espontánea. La respuesta se encuentra en el gasto de capital inicial. Para una familia de ingresos medios o bajos, sustituir una cocina a gas en pleno funcionamiento por un equipo eléctrico implica una inversión previa considerable.
El informe oficial toma valores de referencia del mercado local: una cocina vitrocerámica de cuatro hornallas cuesta cerca de G. 1.578.000, mientras que una de inducción de cuatro hornallas alcanza los G. 1.861.000. Para superar este obstáculo, la estrategia contempla esquemas de financiamiento a través de cuotas en la factura de la ANDE, créditos blandos y sistemas de bonos por la entrega de garrafas usadas.
Sin embargo, la matemática financiera revela que no todos los segmentos están en igualdad de condiciones para asumir el recambio:
Bajo las modalidades evaluadas, la cuota mensual de una cocina vitrocerámica oscilaría entre G. 71.369 (a 24 meses) y G. 137.268 (a 12 meses). Para un equipo de inducción, las cuotas irían de G. 84.168 a G. 161.885. En los hogares de tarifa normal que consumen gas de Petropar, el ahorro mensual en energía solo alcanza a cubrir entre el 17% y el 39% del valor de la cuota. En esos casos, el cambio genera un déficit temporal de caja. Por el contrario, en los hogares vulnerables con Tarifa Social que compran gas privado, el ahorro generado por la tarifa eléctrica subsidia más del 100% de la cuota mensual del equipo.
Realidad territorial y exigencias para la red eléctrica
La viabilidad del plan depende además de la brecha entre el campo y la ciudad. Según datos del Censo 2022 citados en el documento, el 49% de los hogares del país cocina principalmente con GLP, un 23% utiliza leña y un 20% electricidad. Pero en las zonas urbanas —donde reside el 68% de la población— el gas domina con un 62% de uso, mientras que en el sector rural la leña continúa siendo el combustible principal para el 56% de las familias.
Por esta razón, la hoja de ruta dispone ejecutar la Etapa 1 en el Gran Asunción y departamento Central, enfocado en sectores de ingresos medios y altos. La Etapa 2 ampliará los incentivos a otros estratos urbanos de la capital; la Etapa 3 abarcará los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú; y la Etapa 4 buscará la cobertura en el resto del territorio nacional.
Más allá de las tendencias comerciales —donde las importaciones de cocinas eléctricas crecieron un 25% en 2023 frente a una caída del 5% en las de gas—, la electrificación masiva de la cocción trasladará una carga técnica severa a las redes de distribución de la ANDE y a las instalaciones domiciliarias internas.
El propio informe advierte que la incorporación masiva de artefactos de alto consumo obligará a actualizar las normas técnicas de etiquetado de eficiencia energética y certificar a instaladores para evitar colapsos o riesgos de seguridad. Transformar la riqueza hidroeléctrica en bienestar cotidiano exige no solo buena voluntad tarifaria, sino una infraestructura técnica capaz de sostener el encendido simultáneo de miles de cocinas en las horas pico.