El contralor general de la República, Camilo Benítez, prestó juramento este martes ante la Cámara de Diputados para encabezar un nuevo mandato constitucional que se extenderá hasta el año 2031. La ratificación en el cargo contó con el respaldo de 64 votos de los legisladores, lo que consolida un período de continuidad institucional en el órgano encargado de fiscalizar los recursos públicos del Estado.
El nuevo quinquenio abarcará formalmente el periodo 2026-2031 y comenzará el próximo 1 de noviembre, fecha en que concluye el mandato vigente. La Constitución Nacional habilita la confirmación del contralor por un periodo adicional, figura a la que recurrió el Poder Legislativo para sellar la permanencia de la conducción actual.
Cambios y continuidad en la cúpula institucional
Durante la misma sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, tomó juramento a Armindo Torres como subcontralor general. Torres se desempeñaba hasta la fecha como director general de Declaraciones Juradas dentro del mismo organismo, por lo que su designación implica una apuesta a la línea técnica interna del ente de control.
Ambas autoridades completaron los actos protocolares parlamentarios acompañadas por sus familiares y recibieron las felicitaciones de los miembros de la Cámara Baja. Con este paso formal, la cúpula de la Contraloría General de la República queda definida para operar durante los próximos seis años.
Trayectoria y antecedentes en el organismo
La trayectoria de Camilo Benítez en la institución registra un proceso de ascenso gradual. Inició su labor en el órgano superior de control como subcontralor entre 2016 y 2019. Posteriormente, asumió la titularidad de manera interina entre 2019 y 2021, para luego ser designado titular para el quinquenio 2021-2026 que está próximo a concluir.
El respaldo de 64 diputados sobre un total de 80 bancas marca la relevancia política de la decisión. La gestión que arrancará en noviembre tendrá bajo su responsabilidad la revisión de las cuentas públicas y el seguimiento de las declaraciones juradas del patrimonio estatal en un periodo de alta exigencia en materia de transparencia y rendición de cuentas.