La senadora Zenaida Delgado anunció su decisión de dimitir a su banca en la Cámara de Senadores tras verse envuelta en un escándalo por presunta exacción a funcionarias de su entorno parlamentario. La legisladora busca evitar el trámite de pérdida de investidura en el Congreso, al tiempo de manifestar que responderá ante las instancias jurisdiccionales ordinarias para ejercer su defensa.
El esquema denunciado y el argumento de la defensa
El caso involucra acusaciones directas formuladas por funcionarias asignadas a la cámara alta, quienes sostienen que la parlamentaria retenía una fracción de los pluses y bonificaciones salariales que percibían en la institución. Tras la formalización de las denuncias, el caso fue remitido al Ministerio Público para el inicio de la investigación penal correspondiente.
En los mensajes difundidos, Delgado negó la existencia del esquema irregular y rechazó las calificaciones de corrupción dirigidas hacia su gestión.
“Yo voy a renunciar y me voy a someter a la justicia y van a ver que no soy la corrupta que dicen”
, afirmó la senadora, agregando que su dimisión busca evitar lo que calificó como un espectáculo político dentro del recinto legislativo.
Implicancias institucionales y cauce judicial
El anuncio de renuncia reabre el debate sobre la responsabilidad política de los legisladores frente a causas penales en curso. Al apartarse del cargo antes de la apertura formal de un juicio político o trámite de pérdida de investidura, el fuero parlamentario cesa, dejando la investigación plenamente en manos del fuero penal común.
Delgado insistió en que no utilizó su posición de poder para obtener beneficios económicos ni para influir en los procesos administrativos del Congreso.
“Todo es mentira, jamás usé mi influencia para nada”
, remarcó la legisladora al sostener que demostrará la falsedad de las imputaciones en la sede fiscal.
La investigación del Ministerio Público deberá determinar el alcance de las transferencias salariales denunciadas y la eventual existencia de tipos penales vinculados al uso indebido de influencias o cobro indebido de honorarios en la función pública.