La fuga de dos reclusos de alta peligrosidad de la Penitenciaría de Emboscada volvió a desnudar la fragilidad del sistema penitenciario paraguayo y forzó una reacción inmediata en la cúpula del Poder Ejecutivo. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, dispuso la destitución de Rubén Peña al frente de la Dirección general de Establecimientos Penitenciarios y nombró en su reemplazo al comisario general retirado Óscar Rafael Pereira. La decisión busca contener la crisis política y operativa generada por un episodio que, más que una falla de seguridad, apunta a un esquema de connivencia interna.
El hecho reitera un patrón conocido: la vulnerabilidad de los penales frente a reos con capacidad de corromper o infiltrar los controles. La designación de Pereira, quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro de Seguridad Interna y cuenta con antecedentes como exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional, sugiere un intento de volcar perfil técnico e información táctica a una gestión acorralada por los incidentes en las cárceles.
Prófugos de alta peligrosidad y sospecha de complicidad
Los reclusos que se fugaron durante el último fin de semana son Ever Alejandro Ozuna, condenado a 28 años de prisión por secuestro, y Ricardo Arsenio Merlo, con condena por narcotráfico. La naturaleza de los delitos por los cuales ambos cumplían pena eleva el nivel de riesgo para la seguridad ciudadana y pone bajo la lupa la efectividad de los protocolos de custodia en pabellones de máxima o media seguridad.
El caso ya derivó en el inicio de investigaciones penales y administrativas para determinar las responsabilidades. Hasta el momento, varios funcionarios penitenciarios fueron detenidos e imputados por la fiscalía, bajo la sospecha fundada de haber facilitado o permitido el escape. Mientras los operativos de búsqueda continúan sin resultados sobre el paradero de los prófugos, la investigación judicial busca precisar el alcance de la complicidad dentro del penal de Emboscada.
El fondo del problema: parches ante fallas de fondo
El relevo en la Dirección de Establecimientos Penitenciarios marca una rotación de nombres en un área signada por la inestabilidad. La salida de Peña se concretó de manera inmediata tras la confirmación de la fuga, configurando el costo político directo ante la gravedad del evento.
Sin embargo, el nombramiento de un perfil de inteligencia militar o policial al frente de las prisiones abre el debate sobre el alcance de estas medidas. La sustitución de autoridades resuelve la urgencia coyuntural de la crisis, pero deja pendiente la pregunta sobre si estos cambios de nombres son suficientes para desarticular las redes de corrupción que operan en los penales, o si el sistema continuará respondiendo de forma reactiva cada vez que la custodia estatal sea rebasada.