La fuga de dos reclusos del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada escaló hasta las más altas esferas del sistema de seguridad penitenciaria. La fiscal Fabiola Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, Derlis Cáceres, por la presunta comisión del hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal. La representación del Ministerio Público solicitó formalmente la medida de prisión preventiva para el exfuncionario, en un caso que vuelve a poner en evidencia la fragilidad e infiltración institucional en el sistema carcelario.
Celulares clave retirados antes del aviso oficial
El elemento central que sostiene la imputación radica en las declaraciones testificales de los propios guardiacáarceles detenidos tras el hecho. Según los testimonios recabados por la Fiscalía, Cáceres habría dado la orden directa al jefe de seguridad del penal de retirar varios teléfonos celulares del establecimiento antes de que se formalizara la comunicación oficial sobre la evasión a las autoridades judiciales.
Para los investigadores, los dispositivos incautados no representan una contravención menor: pertenecerían a internos vinculados de forma directa con esquemas del crimen organizado. La extracción de estos aparatos antes de la intervención fiscal sugiere un intento deliberado de obstruir la recolección de pruebas que permitan determinar la logística interna que facilitó el escape.
Evidencias incautadas tras allanamiento en Villa Elisa
El avance del proceso contra el exjefe de Inteligencia incluyó procedimientos operativos en su entorno directo. Una comitiva fiscal-policial allanó su vivienda particular ubicada en la ciudad de Villa Elisa en su ausencia. Horas después del procedimiento, Cáceres se presentó ante la sede de la Fiscalía de Emboscada.
Durante la intervención en la residencia, los investigadores incautaron documentación que será sometida a peritaje: manuscritos varios, una carpeta con antecedentes relativos a la desvinculación de un coordinador de Inteligencia Penitenciaria, contratos de apertura de cuentas bancarias, un equipo de grabación de circuito cerrado (DVR) y una computadora portátil.
Perfil de los fugados del módulo de máxima seguridad
La causa penal de origen responde a la fuga de Éver Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba, concretada durante la madrugada del domingo desde el presidio de Emboscada. La gravedad del hecho se alinea con el perfil procesal de los evadidos: Ozuna López se encuentra imputado por asociación criminal y narcotráfico, mientras que Merlo Villalba enfrenta un proceso por robo agravado.
El caso reabre el debate de fondo sobre la efectividad de los controles en los pabellones de máxima seguridad y la cadena de mandos responsable del resguardo de perfiles criminales de alta peligrosidad. La investigación fiscal busca ahora determinar si la orden de retirar las evidencias telefónicas responde a una iniciativa individual o si forma parte de una red de encubrimiento más amplia dentro del Ministerio de Justicia, donde Cáceres se encontraba comisionado al momento de su presentación formal.