La dimisión de la economista Carmen Marín Rodríguez a su cargo en el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), confirmada el jueves 29 de octubre, abre un interrogante de fondo sobre la fortaleza y la independencia de la supervisión financiera en el país. Aunque la entidad monetaria aún no informó de manera oficial los motivos de la salida, el hecho se produce en un escenario de evidente tensión institucional, salpicado por cuestionamientos sobre la eficacia de los controles regulatorios ante complejas operaciones del sistema bancario.
Marín Rodríguez ocupaba un asiento en la mesa directiva de la banca matriz desde noviembre de 2022, tras ser designada el 30 de septiembre de ese mismo año para un período de cinco años. Su alejamiento se concreta faltando aproximadamente un año para la culminación de su mandato legal, un detalle no menor en una institución diseñada para ofrecer estabilidad técnica al margen de los vaivenes de la coyuntura política.
Las notas internas y el caso de las operaciones bancarias
Para comprender el alcance de esta renuncia hay que observar el contexto inmediato. Durante las últimas semanas, los mecanismos de fiscalización del BCP quedaron bajo la lupa debido a las controversias vinculadas con el accionar de una entidad bancaria, sus transacciones con empresas relacionadas y el manejo que la autoridad reguladora dio a los informes técnicos internos.
Entre los antecedentes inmediatos figura un memorando elaborado por la propia Marín, dirigido tanto al Banco Central como a la Superintendencia de Bancos, donde asentó observaciones sobre determinadas transacciones del mencionado banco. Dicho documento tomó estado público en medio del debate sobre los límites y la severidad de los controles oficiales. No obstante, la trayectoria del caso también muestra claroscuros: Marín integró el Directorio que dio luz verde a la fusión entre Visión Banco y ueno, una decisión que con el tiempo quedó en el centro de las críticas por la evolución posterior de la entidad.
A este escenario se sumó otro elemento clave: un informe elaborado por Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos hasta el 6 de julio de 2026. En ese escrito, el exfuncionario reconstruyó un circuito de operaciones entre ueno bank, firmas vinculadas y Vinanzas SA que, según su análisis, habrían servido para financiar de forma indirecta la adquisición de una cartera de créditos del propio banco. Si bien Rivarola aclaró que no calificaba los hechos como irregularidades consumadas, advirtió sobre la presencia de indicios suficientes que ameritaban la intervención directa del órgano regulador.
Presión política y la respuesta del Ejecutivo
Las revelaciones y los documentos cruzados derivaron en un previsible temblor político. En la Cámara de Diputados se plantearon iniciativas que buscaban promover el cese de la totalidad de los miembros del Directorio del BCP por un presunto mal desempeño en sus funciones de fiscalización. Si bien el intento legislativo no prosperó en los votos, la sola discusión expuso el nivel de erosión en la credibilidad de la cúpula de la banca matriz.
Frente a la marejada de críticas, el presidente de la República, Santiago Peña, intervino públicamente ratificando su respaldo técnico a la institución. El mandatario apeló a la prudencia en el manejo periodístico y político de los datos financieros, argumentando el riesgo latente de afectar la confianza del público depositante, un activo intangible pero crucial para la estabilidad económica.
Perfil técnico y trayecto en la administración pública
La renuncia de Marín no es la de una técnica improvisada. Economista egresada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y magíster en Finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la profesional construyó una carrera técnica y política de peso antes de llegar al BCP.
Entre los años 2021 y 2022 ejerció como ministra de la Unidad de Gestión y coordinadora del Gabinete de la Presidencia de la República. Previamente, entre 2020 y 2021, ocupó la titularidad del Viceministerio de Economía, tras haber iniciado su recorrido en el Estado como analista económica en el entonces Ministerio de Hacienda. Su salida prematura deja al descubierto las grietas en un Directorio llamado a garantizar la solvencia del sistema financiero, justo cuando el rigor del arbitraje público es más exigido.