La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 5 años de prisión contra el exdiputado por Paraguarí Miguel Cuevas, al rechazar el último recurso presentado por su defensa técnica. La decisión de la máxima instancia judicial agota las vías de apelación en el ámbito nacional y deja firme la sentencia dictada por enriquecimiento ilícito, un fallo que marca un precedente relevante sobre la responsabilidad en el uso de la función pública para el incremento patrimonial injustificado.
Un patrimonio no justificado de casi G. 2.000 millones
El proceso penal contra el dirigente político de Sapucái derivó en su condena el 15 de septiembre de 2023. Durante el juicio oral, la Fiscalía probó que Cuevas no logró justificar un incremento en su patrimonio de G. 1.934 millones, inconsistencia detectada en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2019, etapa en la que ejerció diversos cargos públicos, incluyendo la gobernación de Paraguarí y una banca en la Cámara de Diputados.
El abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos había presentado un recurso ante la Corte Suprema con la intención de anular la condena o retrotraer el proceso. Sin embargo, la máxima instancia judicial destrabó las dilaciones pendientes y ratificó la validez del fallo de primera y segunda instancia, según consta en las actuaciones del caso.
Institucionalidad y rendición de cuentas
El caso de Miguel Cuevas expone una trayectoria frecuente en la política local: la de actores que ingresan a la administración pública con un patrimonio modesto y experimentan un crecimiento económico acelerado que no se corresponde con los ingresos oficiales fijados para el cargo. Más allá del desenlace personal para el condenado, la resolución judicial plantea una lección de fondo sobre la efectividad de los controles financieros del Estado y la importancia de que las investigaciones por delitos contra el patrimonio público concluyan con sanciones firmes.