La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) pondrá en marcha este sábado la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en el barrio Santa Ana del Bañado Sur de Asunción. La obra busca incorporar al sistema formal a unas 5.000 familias que actualmente acceden al recurso de manera precaria, mediante conexiones clandestinas y con un suministro discontinuo. La iniciativa marca un paso necesario en la regularización de un servicio básico, aunque expone la histórica mora del Estado en materia de infraestructura esencial en zonas vulnerables.
El anuncio oficial fue realizado por el presidente de la institución, Luis Fernando Bernal, quien confirmó que el acto de inicio de las obras se llevará a cabo durante la jornada sabatina. El objetivo central es garantizar que los pobladores del sector dispongan de agua potable durante las 24 horas del día, equiparando las condiciones de prestación con las del resto de los usuarios de la capital.
Formalización de un derecho y la lógica presupuestaria
La intervención en el Bañado Sur apunta a resolver un problema estructural recurrente en las periferias urbanas: el acceso irregular a bienes públicos esenciales. Según sostuvo Bernal, la medida busca reducir las desigualdades en el acceso al agua potable, concebida como un derecho humano, y ampliar la presencia institucional en sectores vulnerables. Desde la perspectiva operativa, la maniobra implica transformar a usuarios de facto en clientes formales dentro del padrón de la aguatera pública.
El titular de la empresa sanitaria remarcó que el emprendimiento no dependerá de endeudamiento ni de transferencias del Tesoro nacional:
La construcción será financiada íntegramente con recursos propios de la institución.
Según la versión oficial, la inversión se enmarca en un plan de optimización de los fondos de la entidad que busca, simultáneamente, ampliar la cobertura, sumar nuevos aportantes al sistema y fortalecer el patrimonio de la Essap.
El desafío de la sostenibilidad del servicio
El proyecto aborda un reclamo histórico de la comunidad del barrio Santa Ana, pero abre preguntas clave sobre la sostenibilidad técnica y financiera del modelo a largo plazo. La conversión de miles de conexiones clandestinas a un esquema medido y tarifado requerirá una gestión comercial y social continua para evitar que la morosidad o el retorno a las tomas irregulares neutralicen el esfuerzo operativo.
Asimismo, el uso de fondos propios por parte de la Essap pone a prueba la capacidad de la entidad para ejecutar obras de infraestructura sin resentir su margen financiero global. La efectividad de esta planta de tratamiento medirá no solo la mejora en la calidad de vida de las 5.000 familias beneficiadas, sino también la viabilidad real de la empresa estatal para extender la cobertura formal en las zonas de mayor déficit social de Asunción.
