Desde la medianoche de este lunes entró en vigencia el periodo oficial de veda pesquera en todo el territorio nacional, una restricción técnico-ambiental que impone una pausa a la extracción comercial y deportiva para resguardar el ciclo reproductivo de la fauna íctica. La medida, dispuesta por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), fija plazos diferenciados según las aguas compartidas: la prohibición se extenderá hasta el 21 de diciembre con Argentina y hasta el 31 de enero con Brasil.
El objetivo central de la disposición es otorgar condiciones de tranquilidad en las cuencas en un momento biológico clave. Tras casi siete años de severas afectaciones por el fenómeno de La Niña, que bajó drásticamente el caudal de las aguas y alteró la migración, la presente temporada muestra un escenario de recuperación en los cauces de los ríos Paraguay y Paraná, factores que resultan indispensables para la sostenibilidad de las especies.
El plazo comercial y los controles de stock
La vigencia de la veda exige una logística precisa tanto en los cauces hídricos como en la cadena de distribución. Según detalló el director de Pesca del Mades, Adán Leguizamón, los comercios del rubro —tales como pescaderías y supermercados— que hayan presentado su declaración jurada de inventario en el plazo estipulado disponen de un margen acotado para expender sus productos almacenados.
“Con Argentina extendemos hasta el 21 de diciembre, con Brasil hasta el 31 de enero. Todas las actividades de extracción de nuestros ríos culminan a partir de hoy, tanto la pesca comercial como la deportiva, para dar espacio y tiempo a que las especies puedan reproducirse”, precisó Leguizamón.
El periodo de gracia otorgado a los comercios es de 10 días corridos para liquidar el stock de pescado de río previamente declarado. Vencido ese lapso, la comercialización de especies provenientes de cauces naturales quedará totalmente prohibida. La única excepción contemplada en la normativa corresponde a los ejemplares producidos mediante piscicultura o acuicultura, es decir, peces criados en estanques, los cuales podrán venderse sin restricción.
Sanciones y la contención a los trabajadores del sector
El cumplimiento de las restricciones biológicas pone a prueba la capacidad de fiscalización de las autoridades. El Mades advirtió que las violaciones a la norma derivarán en el decomiso inmediato de embarcaciones, redes y herramientas de pesca, además de la aplicación de multas administrativas y la elevación de los antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal por delitos ambientales.
Más allá de la conservación del recurso hídrico, la medida expone la realidad socioeconómica de miles de familias de ribereños cuyo sustento depende directamente de la actividad extractiva. La efectividad de la veda requiere que la paralización temporal no signifique el abandono de los sectores más vulnerables de la economía informal.
Para amortiguar el impacto financiero durante los 50 días de inactividad, el Mades remitió la nómina oficial de 7.984 pescadores comerciales al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), ente encargado de cruzar los padrones y gestionar el pago de la compensación económica correspondiente. El seguimiento riguroso de este subsidio resulta tan determinante para el éxito de la medida como la propia custodia de los ríos.
Un indicador favorable en las costas
La perspectiva ambiental para este periodo presenta signos alentadores respecto a años anteriores. Las condiciones hidrológicas actuales ofrecen un escenario más propicio para la repoblación en comparación con el extenso ciclo de sequía previo.
“Ahora que hay caudal, buena temperatura y alimento, es importante dar las condiciones de tranquilidad para que ocurra la reproducción. Vemos muchos alevines en la costa, lo que es un indicador clave de que el proceso natural está respondiendo”, afirmó el titular de la Dirección de Pesca.
La sostenibilidad de la fauna íctica requiere un equilibrio constante entre la preservación del ecosistema y la fiscalización del mercado. La efectividad de esta veda dependerá de que los controles en los ríos y comercios sean firmes, y de que la asistencia a las comunidades pesqueras se concrete sin demoras.