La fuga de reos registrada el pasado domingo 25 de octubre en el Centro Penitenciario Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, volvió a poner en evidencia las grietas estructurales del sistema penitenciario paraguayo. Más allá de la vulneración física de las instalaciones, el hecho expone la fragilidad de los controles internos y la sospecha recurrente de complicidad funcionaria, un factor que transforma cualquier inversión en infraestructura en una respuesta insuficiente si no se ataca la corrupción institucional.
Ante esta situación, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, anunció que solicitará a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) un cruzamiento detallado de datos sobre los ingresos de los directores de los penales, jefes de seguridad y personal asignado a la admisión de personas y encomiendas. De forma complementaria, la cartera estatal pedirá a la Contraloría General de la República la auditoría de los bienes de dichos funcionarios, identificando estos puestos como los focos primarios donde se configuran los esquemas ilícitos.
Los puntos ciegos de la seguridad y el control financiero
El diagnóstico oficial reconoce que los controles perimetrales e internos pierden eficacia cuando la cadena de custodia administrativa presenta fisuras. Las investigaciones policiales y fiscales recabadas tras la evasión en Emboscada señalan que los reclusos lograron cortar los barrotes de sus celdas y utilizaron sogas confeccionadas con sábanas y frazadas. Sin embargo, el dato central de la pesquisa apunta a que los evadidos aprovecharon un sector perimetral que se encontraba llamativamente sin la custodia de los agentes penitenciarios encargados de la vigilancia en ese turno.
Respecto a la fiscalización del personal, Nicora explicó que en intervenciones anteriores se recurrió a la Contraloría para revisar patrimonios y que la intención actual es institucionalizar esa rutina de control. Según detalló el titular de la cartera parlamentaria en declaraciones a Unicanal:
“Debemos trabajar con la Seprelad para el cruzamiento de los ingresos de los directores, jefes de seguridad y los encargados directos de la admisión de los controles de ingreso de personas y de encomiendas ya que ahí se generan los focos de corrupción. Nosotros en algún momento cuando tuvimos problemas hemos remitido pedidos de control a la Contraloría para ver los ingresos y bienes que están a nombres de estos funcionarios y yo creo conveniente renovar ese trabajo porque es parte del esquema para la detección de hechos irregulares”.
Evaluaciones de confianza y nuevas tecnologías
El uso de herramientas de evaluación de personal ha mostrado alcances limitados dentro del sistema. La cartera de Justicia llegó a implementar el uso del polígrafo como mecanismo de control de confianza y selección, aplicándolo de forma experimental en establecimientos como la penitenciaría de Minga Guazú. De acuerdo con las autoridades, esta evaluación no arrojó un alto índice de resultados negativos en los cuestionarios, aunque sirvió como criterio de filtro para la renovación o no de contratos del personal penitenciario de reciente incorporación.
En el ámbito de la contención tecnológica, el Gobierno gestiona la firma de un acuerdo de alianza estratégica con un país aliado para la incorporación de equipamiento especializado en la detección de dispositivos irregulares dentro de los reclusos y pabellones. No obstante, la efectividad de cualquier tecnología depende del factor humano que la opera; la incorporación de escáneres o detectores resulta inútil si los esquemas de complicidad permiten evadir los protocolos de inspección.
La revisión patrimonial planteada ante la Seprelad y la Contraloría constituye un paso administrativo necesario, pero enfrenta el desafío de no quedar reducida a una reacción coyuntural ante el escándalo de turno. La impunidad con la que operan las redes dentro de las cárceles sugiere que el problema excede la falla individual de un guardia para responder a una red de incentivos distorsionados. Resta verificar si la trazabilidad financiera del personal penitenciario servirá para desmantelar complicidades o si la investigación se diluirá a medida que el impacto directo de la fuga deje de ocupar la agenda pública.