La resolución de ueno bank no debe interpretarse como un tropezón aislado dentro del tablero financiero, sino como el síntoma visible de un deterioro institucional más profundo. El dictamen de la consultora Mentu, volcado en su reporte “La caída de ueno bank: aspectos relevantes e implicancias a tener en cuenta en la toma de decisiones”, desarma la narrativa oficial para exponer una realidad incómoda: el colapso de la entidad no solo obedece a desmanejos internos, sino que pone en evidencia fisuras severas en los esquemas de supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP) y proyecta sombras sobre la custodia de los fondos previsionales del Estado.
El análisis económico reconstruye el camino que condujo a la intervención del 2 de noviembre de 2026. El informe detalla cómo la institución incurrió en una exposición a empresas vinculadas por encima de los límites prudenciales permitidos, acompañada de un severo deterioro de liquidez, un déficit persistente de previsiones y la contabilización de gastos informáticos como activos carentes de respaldo suficiente. La corrección regulatoria requirió un ajuste de G. 1,62 billones en previsiones tras la reclasificación de deudores. Esta maniobra hundió el indicador de solvencia de la entidad de un 13,85% registrado en junio a apenas un 5,56% en septiembre de 2026, perforando el umbral preventivo del 6% y quedando muy lejos del exigido 12% regulatorio.
Las grietas en el control y la contención inmediata
Más allá de los números de balance, la interrogante de fondo apunta a la oportunidad del control público. El reporte recuerda que los alertas por créditos a empresas vinculadas constaban en registros desde junio de 2026 y motivaron un pedido de informes del Senado al BCP en septiembre. La reacción formal de la autoridad monetaria llegó recién dos meses después. Ante el inminente descalabro, la respuesta legislativa se plasmó en la Ley N.º 7745/26, que modificó el marco del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para acelerar la restitución de haberes.
Esta modificación normativa permite el adelanto de hasta 40 salarios mínimos —aproximadamente G. 122 millones por ahorrista—, dentro de una cobertura total que alcanza los 75 salarios mínimos (G. 228,3 millones). De acuerdo con las proyecciones de Mentu, la medida abarcaría al 97% de los depositantes, fijando un plazo de restitución de hasta cinco días hábiles desde el inicio del trámite. No obstante, el procedimiento adopta el carril de una resolución ordenada y traspaso de activos y pasivos, marcando en cero el valor de los títulos de la entidad y excluyendo expresamente de la garantía a los deudores vinculados y a las cuentas bajo medida judicial.
El impacto en la economía real y la amenaza a los jubilados
La interrupción de las actividades de ueno bank no se limita a las planillas del sector bancario; sus esquirlas golpean de lleno el flujo transaccional cotidiano. La entidad administraba más de 20 millones de operaciones mediante el Sistema de Pagos del Paraguay (SPI), por lo que su parálisis interrumpe el cobro de salarios, la cancelación de facturas a proveedores y la operatividad de empresas. Los efectos de este freno ya se sienten en el comercio minorista: la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR) constató una contracción del 35% en las ventas de multitiendas durante el primer día de contingencia.
El flanco más delicado radica en los recursos previsionales expuestos. La consultora señala que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene US$ 299 millones depositados en caja y certificados en la entidad en proceso de resolución, cuyo recupero resulta incierto ante los topes del FGD. A esa cifra se añaden cerca de US$ 600 millones pertenecientes a otras cajas de jubilaciones y fondos públicos desprovistos de dicha cobertura. De no saldarse estos compromisos, la eventual falta de restitución forzará a mediano plazo ajustes paramétricos que terminarán afectando a los futuros jubilados.
“Sus consecuencias alcanzan la confianza, el consumo, las inversiones, las finanzas públicas y la credibilidad institucional, en un escenario político que exige decisiones sobre supervisión, transparencia y recuperación de recursos.”
Efectos colaterales: crédito, moneda y gobernabilidad
El horizonte macroeconómico trazado por Mentu muestra un escenario complejo. Se anticipa una moderación del consumo por el quiebre de la cadena de pagos y una mayor cautela ciudadana. En el sistema bancario predominará una rigidez superior para la concesión de nuevos créditos, con encarecimiento en los costos operativos de evaluación de riesgo. Asimismo, el informe alude a estimaciones de JP Morgan sobre el inminente aumento del costo de financiamiento y la prima de riesgo país, en un contexto donde los inversores exigen reglas claras.
A la presión sobre la cotización de las divisas y el riesgo de su traslado a precios internos por la vía de los combustibles, se suman las exigencias de gobernabilidad en la etapa posterior a Santiago Peña. Mentu subraya que la agenda prioritaria requiere designaciones de alta solvencia técnica en el Directorio del BCP, la recomposición del Ministerio de Economía y Finanzas, la articulación de un Presupuesto General de la Nación enfocado en la consolidación fiscal y, por sobre todo, una estrategia transparente para rescatar los recursos del Estado. La crisis de ueno bank demuestra que cuando los organismos de control fallan en prevenir el exceso, el costo financiero termina siendo trasladado a toda la sociedad.