El Senado reinició la sesión extraordinaria del juicio político al presidente Santiago Peña con un debate de fondo que va más allá de la cuestión meramente reglamentaria: el control del tiempo político y las garantías del debido proceso. La mesa directiva puso a consideración de la plenaria el pedido de prórroga de 72 horas presentado por el jefe de Estado, una solicitud que busca ganar margen de maniobra para preparar la defensa y que encontró un inmediato freno parlamentario.
El rechazo al plazo y el debate por el procedimiento
El senador colorado Derlis Maidana encabezó la postura de rechazar el pedido del mandatario, argumentando que el Poder Ejecutivo contó con el tiempo necesario para conocer las imputaciones políticas. Según sostuvo Maidana, la presentación del libelo acusatorio se concretó el miércoles pasado, por lo que la notificación y el conocimiento del expediente ya estaban consolidados.
“Lo que me parece correcto plantear es el rechazo a esa nota y, posteriormente, hacer la convocatoria a él y sus abogados”
, afirmó el legislador bancada oficialista, marcando la pauta de la postura parlamentaria.
Desde la oposición, las posiciones oscilaron entre el reclamo por la crisis general del país y la necesidad de blindar el proceso de eventuales nulidades. El senador Walter Kobylanski, de Cruzada Nacional, criticó la dilación de los plazos en medio del contexto social. Por su parte, el legislador liberal Éver Villalba planteó declarar un cuarto intermedio para notificar formalmente a Peña sobre la obligación de comparecer, advirtiendo que, en caso de inasistencia, el pleno debe designar un defensor de oficio para resguardar la validez del procedimiento constitutional.
El margen institucional del Ejecutivo
La discusión en la Cámara Alta expone una encrucijada institucional. Otorgar o denegar un plazo de defensa no es un mero trámite administrativo: define la solidez jurídica del fallo final y la legitimidad de la resolución que adopte el Congreso. La propuesta de rechazar la prórroga busca acelerar los plazos políticos, pero obliga al cuerpo legislativo a garantizar formalmente la representación del acusado para evitar reproches en la tramitación.
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, intervino para encauzar el debate y ordenar la votación del punto. Ante la falta de acuerdo inmediato sobre el mecanismo de notificación y la fecha de comparecencia, la sesión pasó a un cuarto intermedio con la previsión de retomar la actividad a las 11:30.
La decisión final sobre la nota de Peña determinará si el juzgamiento ingresa de inmediato en su fase probatoria y alegatos o si se conceden los plazos reglamentarios previstos para la defensa formal del Presidente de la República.