La calificadora internacional Moody’s Ratings confirmó que la caída de ueno bank y la intempestiva salida de Santiago Peña de la Presidencia de la República no alteran, en el corto plazo, la nota crediticia de Paraguay. El país conserva su calificación Baa3 con perspectiva estable dentro del codiciado grado de inversión. Sin embargo, la lectura atenta de su informe técnico, publicado el 6 de noviembre de 2026, dista de ser un cheque en blanco: la firma neoyorquina dejó al desnudo las vulnerabilidades estructurales del Estado paraguayo en materia de gobernanza, supervisión bancaria y lucha contra la impunidad.
El análisis de la agencia pone sobre la mesa el verdadero dilema macroeconómico del país. Por un lado, la fortaleza de los números fríos: un crecimiento razonable y una deuda pública contenida en torno al 38% del Producto Interno Bruto (PIB). Por el otro, la fragilidad de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes. La quiebra de una entidad financiera y la subsecuente crisis política no destruyeron la estabilidad macro de un día para el otro, pero expusieron fallas de control que el mercado internacional no suele ignorar por mucho tiempo.
El impacto financiero de ueno bank y la red de contención
El detonante institucional ocurrió el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino y sometió a ueno bank a un proceso de resolución. La decisión se tomó luego de que el índice de solvencia de la entidad se desplomara por debajo del 50% del mínimo regulatorio tras una serie de ajustes en sus balances financieros. No se trataba de un actor menor en el tablero local: a septiembre de 2026, el banco concentraba el 8% de los créditos y el 9% de los depósitos del sistema bancario nacional.
A pesar de esta envergadura, Moody’s descarta —por ahora— un contagio sistémico. La principal barrera defensiva radica en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que al momento del colapso contaba con una liquidez de US$ 1.600 millones, cifra que duplica la totalidad de las obligaciones aseguradas de la entidad. Según las estimaciones oficiales citadas en el informe, cerca del 97% de los depositantes recuperará la totalidad de sus ahorros sin costar, de entrada, un desembolso fiscal directo al Tesoro.
“El uso del fondo para devolver los depósitos no representa automáticamente un gasto fiscal; los costos para el Estado podrían materializarse si las entidades públicas registran pérdidas sobre los saldos que no logren recuperar”, advierte el documento de Moody’s.
Dudas sobre la supervisión y la crisis en la cúpula del BCP
Más allá del auxilio a los ahorristas, el caso ueno perforó la credibilidad política del gobierno saliente. El informe menciona explícitamente cómo la debacle financiera aceleró la pérdida de respaldo de Santiago Peña, acorralado por protestas ciudadanas y severas denuncias de la oposición legislativa sobre presuntos conflictos de intereses, uso indebido de fondos previsionales y eventuales encubrimientos.
El golpe alcanzó a la propia cúpula reguladora con la renuncia de Carlos Carvallo a la presidencia del BCP, salpicado por su pasado como titular de Financiera Ueno, antecesora del banco extinto. Para Moody’s, la apertura de investigaciones creíbles e independientes será la única vía para determinar si existió negligencia o complicidad institucional en los órganos de supervisión. La duda sobre si el regulador actuó con la debida distancia técnica o condicionado por el poder de turno es el fantasma que hoy sobrevuela la plaza financiera paraguaya.
Gobernanza en zona roja: el aplazo institucional
El apartado más severo de la calificadora no examina balances contables, sino la calidad democrática del Estado. Al evaluar a Paraguay mediante los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI), Moody’s ubica al país sistemáticamente en o por debajo del percentil 25 en áreas clave como efectividad gubernamental, Estado de derecho y control de la corrupción. Dichas métricas posicionan a la República muy por debajo de la mediana de las naciones que comparten la categoría Baa.
De poco sirvió en esta evaluación la aprobación de marcos legales modernos, como la Ley de Responsabilidad Fiscal, las Alianzas Público-Privadas o las recientes reformas de la Caja Fiscal y la Superintendencia de Pensiones. La calificadora remarca una brecha histórica entre la sanción de las leyes y su aplicación real. La corrupción estructural, señala el reporte, se ha profundizado en la última década partiendo de niveles que ya eran precarios.
La sucesión de Alliana y la prueba de la previsibilidad
Frente al nuevo escenario político, la mirada internacional se posa sobre el presidente Pedro Alliana. Como referente del mismo espacio político del Ejecutivo saliente, el mercado asume que mantendrá las líneas maestras de la economía: disciplina en las cuentas públicas, régimen de metas de inflación y autonomía formal en el Banco Central. La pregunta que queda flotando en el ambiente económico es si la continuidad del modelo alcanzará para calmar las dudas sobre la fragilidad de nuestras instituciones.
Moody’s ha dejado en claro que mantendrá un monitoreo estrecho sobre los acontecimientos. El grado de inversión, obtenido con años de esfuerzo fiscal, sigue intacto en los papeles, pero la crisis de ueno bank ha demostrado que la solvencia macroeconómica es una condición necesaria, aunque ya no suficiente, para sostener la credibilidad del país ante el mundo.