El colapso de ueno bank y la consecuente apertura de su procedimiento de quiebra ya no son solo un problema del sistema financiero comercial: la crisis golpeó de lleno al corazón del Estado paraguayo. El Instituto de Previsión Social (IPS) alista una denuncia penal contra los exdirectivos de la entidad y autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que Itaipú Binacional promovió formalmente su acción ante la fiscalía. La pregunta de fondo ya no es únicamente cómo cayó la entidad, sino qué mecanismos de control fallaron para que cientos de millones de dólares del ahorro previsional y de la mayor generadora de energía del país terminaran expuestos a semejante desenlace.
La exposición del IPS: USD 516 millones en juego
La resolución del IPS de llevar el caso a la justicia penal busca delimitar responsabilidades en la administración de las reservas previsionales. De acuerdo con los datos preliminares de la causa, la exposición financiera de la previsional en la entidad caída alcanza aproximadamente USD 516 millones, distribuidos en diversos instrumentos de inversión.
La causa tramitada ante el Ministerio Público indaga de manera específica la colocación y permanencia de estos recursos públicos en la entidad. Entre los antecedentes que documenta el acta de imputación fiscal figura, por ejemplo, la adquisición de bonos financieros por G. 250.000 millones a un plazo de siete años. La investigación penal no solo apunta a quienes administraban el banco, sino también a la actuación de los órganos de supervisión del sistema financiero y a los administradores que autorizaron la remisión de los fondos institucionales.
La presentación judicial busca definir las responsabilidades en la administración de los recursos previsionales depositados en dicha entidad.
Con esta medida, las autoridades de la previsional buscan establecer eventuales perjuicios patrimoniales y activar los canales legales para intentar la recuperación de los activos pertenecientes a los cotizantes y jubilados.
La denuncia de Itaipú y el riesgo en el Parque Tecnológico
Por su parte, Itaipú Binacional oficializó su denuncia penal contra los mismos exdirectivos a través del abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica de la entidad, Magnolia Mendoza Balmaceda. La acción formaliza el reclamo por el daño provocado a los depósitos directos de la hidroeléctrica y advierte sobre el riesgo al que fueron expuestos los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos de desarrollo.
La representación legal de Itaipú solicitó a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción que su querella sea incorporada formalmente al expediente ya iniciado contra la cúpula directiva del banco. Los números presentados por la binacional ilustran el volumen del capital involucrado al 3 de noviembre, fecha en que la entidad bancaria cerró sus operaciones por insolvencia:
Los saldos en cuentas de la binacional ascendían a G. 115.200 millones más USD 163,8 millones. Según detalló la propia institución, esta suma representó el 7,6% de los recursos ingresados al país por remesas desde Brasil en el periodo analizado.
A pesar del volumen de los fondos comprometidos, la comunicación oficial de Itaipú aclaró que la coyuntura no altera la operatoria ordinaria de la hidroeléctrica.
Supervisión en la mira y lecciones institucionales
Más allá del proceso penal contra los ejecutivos del banco, este escenario deja al descubierto las vulnerabilidades del control estatal en la gestión del dinero público. La inclusión de las autoridades del BCP en el radar de las denuncias subraya una contradicción inevitable: los órganos llamados a garantizar la estabilidad del sistema y la prudencia en el destino de las reservas no advirtieron a tiempo el nivel de concentración y riesgo.
El desafío inmediato para la justicia penal consistirá en determinar si las decisiones de inversión respondieron a criterios técnicos o si existió una negligencia omisiva en el deber de custodia. Para la ciudadanía y los aportantes del IPS, la discusión no es teórica: se trata de saber si las instituciones cuentan con el rigor necesario para proteger el capital común frente a las turbulencias del mercado financiero.