El Instituto de Previsión Social (IPS) dio un paso formal en el terreno penal al presentar una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer el destino de los fondos institucionales depositados en ueno bank. La iniciativa busca determinar si existieron irregularidades con relevancia penal durante los procesos de administración, custodia, disponibilidad o transferencia de activos en medio del esquema de intervención y resolución aplicado a la entidad financiera. La cuestión central trasciende el formalismo jurídico: la investigación debe responder si el dinero destinado a respaldar a jubilados y aportantes sufrió un perjuicio real o permaneció bajo los márgenes de seguridad que exige la ley.
La acción legal fue formalizada por el abogado Pablo José Morínigo Cáceres en representación del IPS. El escrito solicita expresamente a la Fiscalía una investigación objetiva sobre el manejo de los recursos públicos colocados en el banco y plantea la necesidad de verificar la naturaleza de cualquier afectación patrimonial. El trasfondo institucional remite a la decisión adoptada por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que mediante la Resolución N.º 1, Acta N.º 49, del 2 de noviembre de 2026, dispuso el inicio del proceso de resolución sobre la entidad privada.
Lupas sobre la mesa directiva y el ente regulador
El pedido del IPS no se limita a examinar las operaciones internas de la entidad intervenida. El escrito solicita indagar la conducta de directivos, administradores, funcionarios y representantes de ueno bank que hayan tomado parte en la recepción, custodia, inversión o eventual transferencia de los fondos de la previsional. La nómina de personas bajo la lupa fiscal quedará sujeta a las diligencias de la investigación, sin que el escrito inicial atribuya responsabilidades directas a nombres propios.
Al mismo tiempo, la denuncia insta a examinar la actuación de los propios funcionarios y autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP). La Fiscalía deberá analizar el rol del órgano regulador en la supervisión, control y ejecución de las decisiones relacionadas con la colocación del dinero de los imponentes. El planteamiento legal deja abierta la puerta para incluir a cualquier otra persona física o jurídica que resulte vinculada a eventuales omisiones o actos punibles a medida que avancen las pesquisas.
“La presentación tiene como objetivo que la Fiscalía investigue las circunstancias relacionadas con los recursos de la institución y establezca si existió algún perjuicio o riesgo para su patrimonio”, precisa la denuncia.
La prudencia del proceso y el costo del riesgo
Pese a la contundencia de acudir a la vía penal, la representación legal de la previsional enfatizó que en esta instancia inicial no atribuye responsabilidad penal concreta ni tipifica delitos de manera prematura. La calificación de los hechos dependerá de las pruebas que recolecte la representación fiscal durante la etapa preparatoria. Por el momento, el documento tampoco fija un monto exacto de daño patrimonial, dejando la cuantificación a las pericias contables que ordene el fuero penal.
El caso pone en evidencia la fragilidad estructural de las decisiones de inversión en el sector público. La colocación de liquidez de la caja jubilatoria en el sistema financiero exige criterios estrictos de prudencia, donde la rentabilidad no puede eclipsar la solvencia de las entidades receptoras. La intervención del Ministerio Público abre una etapa decisiva para deslindar responsabilidades tanto en la gestión privada del banco como en la vigilancia estatal a cargo del BCP.
El desenlace de esta investigación establecerá un precedente crítico para el sistema de seguridad social. Más allá de los pronunciamientos institucionales, el proceso deberá aclarar con números precisos si los controles fallaron en el camino o si las garantías legales responderán por la totalidad de los recursos depositados.