El presidente Pedro Alliana dispuso una reestructuración general en la cúpula de las Fuerzas Armadas, en el marco de la severa crisis política e institucional desatada tras la destitución y detención del exmandatario Santiago Peña. La medida, oficializada este martes a través del Comando en Jefe, busca reordenar la cadena de mando en un escenario convulsionado por el proceso de resolución de Ueno bank, una entidad financiera cuya insolvencia provocó un terremoto de proporciones en el Poder Ejecutivo y en el sistema financiero nacional.
Los cambios alcanzan a las tres fuerzas y a la estructura militar de la Presidencia de la República. Como nuevo comandante de las Fuerzas Militares fue designado el general Manuel Rodríguez Sosa, quien hasta hoy se desempeñaba como jefe del Ejército. Rodríguez reemplaza en el cargo al general César Moreno Landaira. La nómina de relevos se completa con el general Alcides Lovera Ortíz al frente del Ejército Paraguayo; el general Roberto José Idoyaga al mando interino de la Fuerza Aérea Paraguaya en reemplazo de Julio Rubén Fullaondo; y el general Fredy Oviedo Cáceres como jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia, ocupando el lugar que dejó Lovera. En contraste, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, fue ratificado en su cargo.
El trasfondo de un remezón institucional
La sustitución de la cúpula militar no es un hecho aislado ni una rutina administrativa. Responde directamente al reordenamiento del poder político tras la asunción de Alliana, quien tomó el mando del Poder Ejecutivo por sucesión constitucional en su condición de vicepresidente. La caída de Peña y su posterior detención representan un hito sin precedentes recientes en la política paraguaya, gatillado por el colapso de Ueno bank y las derivaciones penales y administrativas de su intervención.
El punto central de esta crisis trasciende la interna política y toca de lleno las arcas del Estado. La intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno bank expuso la vulnerabilidad de unos 800 millones de dólares en recursos públicos depositados en la entidad, una cifra astronómica de la cual una porción sustancial corresponde a fondos pensionales. El destino de esos recursos y la responsabilidad de las autoridades salientes en la custodia del dinero estatal constituyen la base del proceso judicial en curso.
Impacto en el sistema y contención de depósitos
Mientras la gestión política busca asentarse mediante cambios en el gabinete y las Fuerzas Armadas, la autoridad monetaria intenta contener la desconfianza del público. Según informó el BCP, el 93,1 % de los ahorristas individuales garantizados por ley —unas 1.738.804 personas— ya han recibido la devolución de sus depósitos. La cobertura estatal alcanza a colocaciones de hasta 38.622 dólares por titular.
Sin embargo, la resolución del conflicto no se agota en la devolución a los pequeños ahorristas. El desafío de fondo para la administración de Alliana radicará en transparentar la situación de los grandes depósitos institucionales y determinar la viabilidad de recuperar el patrimonio público expuesto. El relevo en los mandos castrenses señala la urgencia del nuevo Ejecutivo por consolidar gobernabilidad y control territorial en una semana determinante para el rumbo económico y político del país.