La crisis de solvencia que derivó en la intervención estatal de ueno bank dejó de ser un problema estrictamente financiero para convertirse en una emergencia de seguridad pública. Entre los miles de ahorristas con fondos congelados figura el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, que mantiene retenidos G. 2.000 millones. El bloqueo de este capital compromete directamente la capacidad operativa de 140 cuarteles y pone a 6.500 voluntarios en la encrucijada de decidir a qué llamadas responder y a cuáles no.
El impacto revela el trasfondo de una vulnerabilidad sistémica. Cerca del 70% de los fondos institucionales afectados provienen de la colecta nacional anual realizada durante el mes de octubre. La decisión de depositar la recaudación en la entidad financiera respondía a la búsqueda de resguardo formal; hoy, tras la orden de intervención emitida por el Banco Central del Paraguay el 3 de noviembre, esos recursos están inmovilizados, dejando a los cuarteles sin liquidez inmediata para sostener la logística diaria.
El costo operativo de las emergencias y la falta de liquidez
La escasez de recursos ya se traduce en medidas de racionamiento. En la Sexta Compañía de Mariano Roque Alonso, a 16 kilómetros de Asunción, los 68 integrantes de la unidad enfrentan limitaciones estrictas para el uso de combustible, insumo crítico no solo para los camiones de bomberos, sino también para generadores y bombas hidráulicas. De acuerdo con lo explicado por Óscar Acuña, comandante de dicha compañía, el agotamiento de la caja chica obliga a priorizar los servicios severos y postergar la asistencia en incidentes menores o rescates secundarios.
“Nosotros una vez al año salimos a las calles a pedir colaboración de la ciudadanía para poder solventar nuestra operatividad. Toda nuestra recaudación la depositamos en ese banco porque confiábamos en él”, lamentó Óscar Acuña, de 45 años.
El balance económico del servicio de rescate muestra números contundentes. Según datos provistos por Lorena Canan, presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, el costo operativo de una intervención básica —como un accidente de motocicleta— parte de un piso estimado de G. 500.000, mientras que la contención de un incendio de grandes proporciones puede requerir una erogación de hasta G. 350 millones.
Efecto dominó en las compañías del interior
El racionamiento operativo no se limita al área metropolitana. En localidades como Itá, la comandancia redujo a una sola unidad la flota vehicular disponible para las guardias de 24 horas, según reportaron los propios voluntarios. La falta de acceso a los depósitos bancarios traslada el costo operativo directamente al personal, en un contexto donde los propios voluntarios sufren el impacto financiero a título personal.
Esta situación se alinea con el escenario presupuestario informado por este medio Bomberos Voluntarios sufren la retención de G. 2.350 millones por la crisis en Ueno Bank, que dio cuenta de las primeras fricciones financieras generadas en el sistema de voluntariado tras la parálisis de los fondos institucionales. La falta de previsión en los mecanismos de contingencia ante fallas del sistema bancario deja expuesta la fragilidad de servicios esenciales que dependen del auxilio ciudadano y la gestión privada.
El caso de los bomberos expone la dimensión real de los colapsos financieros: cuando la liquidez institucional se congela, la respuesta estatal y civil pierde fuerza. La resolución de la liquidación o recuperación de los activos depositados en la entidad intervenida no es solo una cuestión de números bancarios, sino un factor que determina si un camión de bomberos puede o no acudir a un llamado de auxilio.